“Tras la aprobación de la segunda prórroga del régimen de excepción para que el gobierno del presidente Nayib Bukele continúe con la guerra contra las pandillas terroristas, El Salvador aumenta la cifra histórica de días sin homicidios a 128. Esta cifra contrasta con los tres últimos gobiernos anteriores, en los que, en 15 años, solo fue registrado un día sin homicidios”, destacó la presidencia salvadoreña el pasado 26 de mayo en un comunicado.
Bukele, ministros y diputados del partido de gobierno Nuevas Ideas han compartido las actualizaciones o partes de ese récord, que forma parte de una reducción de las tasas de homicidios desde 2015 y 2019. Sin embargo, pese a la diferencia con los períodos de Elías Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, la estadística policial tampoco incluye las muertes de presuntos delincuentes en enfrentamientos con las autoridades.
Por ejemplo, el oficialismo salvadoreño destacó que el país había logrado una semana sin homicidios entre el 14 y el 20 de mayo, a partir de datos de la Policía Nacional Civil. No obstante, omitía en su dato de los días 14 o 17 que había habido tres y dos muertes de pandilleros, respectivamente, por enfrentamientos contra sus agentes.
La propia Policía las comunicó: una en el departamento de San Miguel, otra en el de Morazán y una más durante la atención médica el 14, y dos en el departamento de Sonsonate el día 17.
Lo mismo ocurrió el pasado 24 de mayo, en el que la Policía volvió a registrar cero homicidios en el país, pese a haber comunicado que otro pandillero había sido abatido el mismo día en el departamento de La Libertad.
La Policía, además, concilia sus cifras de asesinatos con la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal. Sin embargo, el acta más reciente de esa Mesa Técnica Interinstitucional, que “se reúne en la segunda quincena de cada mes para comparar las estadísticas del mes anterior”, es de febrero de este año, antes del inicio del estado de excepción que se ha prolongado desde el 27 de marzo.
Más allá del conteo oficial
La disparidad en las cifras también iría en contra de las indicaciones internacionales, como las del Protocolo de Bogotá sobre calidad de los datos de homicidio en América Latina y el Caribe. Este documento fue elaborado en 2015 por casi cien autoridades y expertos regionales y de 12 países para “generar un concepto integrador de homicidio que permita la convergencia de las diferentes fuentes”. Entre ellos estaban los salvadoreños Jeanette Aguilar, psicóloga e investigadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Roberto Valencia, entonces periodista del periódico digital El Faro, y el exdirector del Instituto de Medicina Legal, José Miguel Fortín.
Aunque no es vinculante, el protocolo busca “servir como referencia para las instituciones de producción de datos oficiales de homicidio y para los gobiernos nacionales o locales”. En ese marco, define homicidio como “la muerte de una persona provocada por una agresión intencional de otra(s)”.
Aunque excluye “las muertes por agresión acontecidas en el contexto de guerras internacionales, conflictos internos y disturbios civiles”, también considera “las muertes por agresión cometidas por agentes públicos en el ejercicio de su deber profesional, incluso cuando sean legales”, y las muertes por legítima defensa.
“En consecuencia —continúa el documento—, esta definición de homicidio no está limitada por la tipificación legal, que varía de país a país e incluye con frecuencia diversos tipos penales, sino por un concepto general que no depende de la legalidad o ilegalidad de los hechos”.
Para ello se basa a su vez en la clasificación de la OMS para los datos de certificados de defunción y la de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para los registros criminales.
El subregistro de las desapariciones
Asimismo, por tratarse de otra denuncia y la falta de confirmación sobre una posible muerte, las desapariciones irresueltas no se incluyen en las cifras de homicidio.
Por ejemplo, según recoge el informe Desaparición de personas en El Salvador de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) con datos de la Fiscalía, entre enero y junio de 2020 hubo 824 denuncias de personas desaparecidas. De esas personas, 430 fueron encontradas con vida, 37 se localizaron muertas y otras 357 seguían desaparecidas. La Fiscalía, además, reportó 1.192 denuncias de desapariciones entre enero y octubre de 2021, frente a los 1.147 homicidios que registró la Mesa Técnica Interinstitucional.
Ya bajo el estado de excepción, que inició tras dos días en los que hubo 76 asesinatos, allegados de personas desaparecidas han denunciado la falta de investigaciones por parte de la Policía y la Fiscalía, que estarían priorizando las capturas masivas de pandilleros. La Policía ha reportado que estas son ya más de 33.000, mientras que Bukele cierra su tercer año de gobierno con un 87% de aprobación.
El Ministerio de Justicia inició un proyecto para desarrollar una nueva metodología de homologación de estadísticas sobre homicidio y desaparición, que según reportó el diario La Prensa Gráfica le habría adjudicado al experto en criminología Ricardo Sosa, partidario del Plan Control Territorial del Gobierno.
También a mediados de mayo, una investigación de El Faro reveló que el éxito del Ejecutivo de Bukele contra las pandillas habría partido en cambio de una negociación, que se rompió con la captura de un cabecilla y la respuesta de los 76 asesinatos previos al estado de excepción.
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