Uno de los poblemas en el informe de Amnistía Internacional de 2019 es la crisis en Venezuela y el trato que se ha dado a los refugiados venezonanos en otros países de América Latina.
Uno de los poblemas en el informe de Amnistía Internacional de 2019 es la crisis en Venezuela y el trato que se ha dado a los refugiados venezonanos en otros países de América Latina.

Amnistía Internacional dijo este jueves que diversos estados de las Américas restringieron el año pasado el derecho de manifestación y el derecho a solicitar asilo, en un flagrante desprecio de las obligaciones contraídas en virtud del derecho tanto nacional como internacional.

En su informe anual de 2019, la organización señaló nuevos ataques a los derechos humanos en las Américas, con dirigentes intolerantes y cada vez más autoritarios que recurrían a tácticas cada vez más violentas para impedir a las personas protestar o buscar seguridad en otro país”, dijo Erika Guevara Rosas, su directora para las Américas.

El año pasado surgieron movimientos de protesta, con frecuencia liderados por jóvenes, para exigir rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y otros más, pero las autoridades respondieron por regla general con tácticas represivas y a menudo cada vez más militarizadas, dijo Amnistía.

“Aquí hay una Asamblea Nacional que tiene más de un año preparándose en esa Venezuela que viene", afirmó la diputada Adriana Pichardo.
"Víctimas de la violencia de Estado", foco del Parlamento venezolano en 2019
"Víctimas de la violencia de Estado", foco del Parlamento venezolano en 2019

En Venezuela, dice el informe, la represión fue especialmente severa.

Las fuerzas de seguridad del gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, cometieron crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

En Nicaragua, por su parte, prosiguió la peor crisis de derechos humanos de las últimas décadas. Las protestas sociales generalizadas, desencadenadas por una serie de reformas a la seguridad social que se habían anunciado en 2018, continuaron en todo el país.

Una comisión de trabajo de la OEA recogió testimonios sobre víctimas de abusos en Nicaragua y ha constatado que el gobierno de Daniel Ortega viola los principales derechos de quines se le oponen.
Informe de OEA confirma violaciones de DD.HH. en Nicaragua
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En respuesta a las manifestaciones, las autoridades adoptaron una estrategia de represión violenta. Al concluir 2019, al menos 328 personas habían sido asesinadas, principalmente por las fuerzas de seguridad del estado y grupos armados progubernamentales, y otras más de 2.000 habían resultado heridas desde el inicio de la crisis.

En Bolivia, las autoridades acusaron y amenazaron a personas defensoras de derechos humanos, deportaron arbitrariamente a refugiados venezolanos y autorizaron "quemas controladas" en bosques que posteriormente se vieron afectados por incendios masivos.

En noviembre, tras la renuncia del presidente Evo Morales en medio de una crisis sociopolítica, la presidenta interina Jeanine Áñez emitió un decreto que concedía impunidad a las Fuerzas Armadas. Bajo su amparo, las fuerzas de seguridad reprimieron algunas protestas, en un contexto de muertes, decenas de personas heridas y acusaciones de uso excesivo de la fuerza.

La alcaldesa de Vinto, en Cochambamba, Bolivia, María P. Arce Guzán (en la foto) y los Defensores del Pueblo fueron Nadia Cruz Tarifa y Nelson Cox Mayorga recibieron medidas de protección de la CIDH.
CIDH concede protección a alcaldesa y "defensores del pueblo" en Bolivia
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En Estados Unidos, el gobierno trató de reducir las protecciones de derechos humanos relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos y la protección de personas LGBTI frente a la discriminación.

Las autoridades estadounidenses detuvieron, maltrataron y rechazaron a decenas de miles de solicitantes de asilo que pedían protección internacional en la frontera entre Estados Unidos y México, vulnerando las leyes nacionales y el derecho internacional.

A consecuencia de ello, menores no acompañados, familias, integrantes del colectivo LGBTI y otras personas sufrieron abusos al quedar bloqueadas en el norte de México, así como en centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos.

Activistas enarbolan pancartas contra el veto migratorio firmado por el presidente Donald Trump en enero de 2017.
EE.UU. evalúa extender lista de países bajo veto migratorio
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Amnistía Internacional destacó también abusos en Chile, Colombia, Haití, Ecuador, Honduras, Brasil, México, Cuba, y en realidad todos los países del hemisferio.

Amnistía destacó que la mayoría de los países eludieron “establecer mecanismos para promover el diálogo y abordar los motivos de preocupación de manifestantes y activistas”.

“Latinoamérica volvió a ser una vez más la región más peligrosa del mundo para quienes defendían los derechos humanos; las personas que se dedicaban a proteger los derechos a la tierra, el territorio y el medioambiente”.

“Cuando el malestar social, la inestabilidad política y la destrucción medioambiental en la región son aún mayores en 2020, la lucha por los derechos humanos es más urgente que nunca”, señaló Erika Guevara.

“Y que nadie se engañe”, advirtió. “Los dirigentes políticos que predican el odio y la división en un intento por demonizar y minar los derechos de otras personas se encontrarán en el lado equivocado de la historia.”

Un comunicado de Amnistía Internacional exigió que México remita que organizaciones de la sociedad civil tengan acceso a estaciones migratorias en territorio mexicano.
Amnistía Internacional pide a México garantizar acceso de ONGs a estaciones migratorias
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