El estado de Arizona sufre los efectos económicos, sociales y políticos de la ley estatal SB1070, mientras prosigue el trámite legal para anular la controvertida legislación.

Según la Asociación de Hoteles de Arizona, un mes después de la implementación de la ley, se perdieron cerca de $12 millones de dólares a consecuencia de la cancelación de cerca de 40 convenciones y reuniones por el boicot nacional en contra de Arizona.

Mientras, los negocios en ciudades como Phoenix y Tucson continúan arrojando cuantiosas pérdidas debido a la economía, la falta de clientela y el miedo a la ley antiinmigrante que han dejado un alto número de locales sin rentar o vender.

"Vemos que la gente sigue viviendo sumida en el miedo, temor a ser arrestados por la policía que continua deteniendo gente", dijo Salvador Reza, activista y líder comunitario de la organización Puente en Phoenix.

A su vez, Reza dijo que aunque una juez federal bloqueó los aspectos más controvertidos de la ley, la policía en Arizona sigue teniendo la opción de cooperar con las autoridades de inmigración.

"Creo que el mayor impacto que ha tenido la SB1070 es el temor, el miedo que obligó a mucha gente a dejar el estado, pero también este miedo nos ha obligado a organizarnos mucho mejor", enfatizó Reza.

Por su parte, la directora ejecutiva de La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona, Alessandra Soler Meetze, dijo que aún existe mucha confusión sobre la ley y las cláusulas que sí se encuentran vigentes, entre ellas, las que sancionan a las personas que alberguen y transporten inmigrantes indocumentados.

"Sabemos que hay mucha gente que está preocupada por estas provisiones, que pueden ser utilizadas para arrestar a alguien", explicó Soler Meetze.

Para Meetze, el efecto de la implementación de la SB1070, puede ser medido en el alto índice de alumnos hispanos que no regresaron este año a las escuelas públicas de Arizona a mediados de agosto.

“En las escuelas hemos tenido un impacto muy serio, hay escuelas en el condado Maricopa que reportaron un descenso de alumnos de hasta un 30 por ciento", enfatizó la directora ejecutiva de ACLU.

La ley entró en vigor el pasado 29 de julio de 2010, provocando reacciones a favor y en contra.