En El Salvador entró en vigor la llamada “Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal”, una política que busca frenar los crímenes de pandillas o “maras”.

La entró en vigencia con el apoyo de la Dirección de Centros Penales, organismo que puso a disposición una cárcel de máxima seguridad con capacidad para recibir a 500 detenidos.

La nueva ley califica de ilegales y prohíbe las pandillas o maras “tales como Mara Salvatrucha, MS 13, Mara 18, Mara Máquina, Mara Mao Mao". La ley castiga además el financiamiento de las mismas.

Los líderes de las pandillas serán condenados a diez años de prisión y sus demás integrantes a un mínimo de seis años de cárcel.

La ley, que ha sido fuertemente criticada por algunos grupos de derechos humanos, señala que no es necesario que los pandilleros cometan algún delito para ser detenidos y que solo basta con que sean miembros de las pandillas para su arresto, pero la policía y la fiscalía deberán demostrar que el detenido pertenece a una agrupación ilícita.