Mientras el vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua, defendió al gobierno diciendo que no fueron violados los derechos del fallecido agricultor Franklin Brito, la fiscalía general, anunció el inicio de una investigación.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo que designarán a un fiscal para determinar si hubo una presunta inducción al suicidio de Franklin Brito por parte de familiares y amigos.

De acuerdo con la fiscal Ortega, la investigación responde a una denuncia presentada por el ciudadano Carlos Aldana, quien exigió una investigación por lo que considera un hecho punible contra Brito, informó la prensa venezolana.

A la misma vez, en lo que parece una contraofensiva del gobierno del presidente Hugo Chhávez, en respuesta a las críticas recibidas tras la muerte de Brito, el vicepresidente Jaua dijo que los funcionarios hicieron todo lo posible por mantener al agricultor con vida.

Tambén el vicemandatario aseguró que se hizo lo posible para resolver la disputa que llevó a Brito a tomar la drástica medida de hacer reiteradas huelgas de hambre para defender sus reclamos.

Jaua dijo además, en conferencia de prensa, que jamás se violaron los derechos de propiedad ni los derechos humanos del agricultor.

Por su parte, la fiscal Ortega, según publican los medios venezolanos, insistió en que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud, como parte del derecho a la vida; y el Ministerio Público hizo todo lo posible para mantener a Brito vivo y con buena salud.

El agricultor  murió el pasado 30 de agosto tras una serie de huelgas de hambre y ahora, la fiscalía general de Venezuela ha iniciado una investigación para determinar si la muerte del productor agropecuario debe ser considerada como un caso de "inducción al suicidio" por parte de sus familiares y allegados.

La fiscal Ortega citó el Código Penal venezolano en el apartado que dice que “el que hubiere inducido a algún individuo a que se suicide y que con tal fin lo haya ayudado será castigado, si el suicidio se consuma, con pena de siete a 10 años".

La fiscal dijo que el denunciante sostiene que hubo “palabras, expresiones, de personas estaban allegadas a Franklin Brito, que lo inducían a que mantuviera la huelga de hambre, a que no comiera, que insistiera en esta posición y que eso lo llevó a la muerte".