William Hague, ministro de asuntos exteriores de Gran Bretaña, dijo que las publicaciones de WikiLeaks son un regalo de propaganda para los terroristas que actúan en su país ya que ponen en peligro a sus fuerzas armadas y a la gente que trabaja con estas.

“Son nuestras fuerzas las que están comprometidas en la protección de la población civil en Afganistan, a menudo teniendo que asumir bajas por el trabajo que hacen para proteger a esa población” agregó Hague.

El vice primer ministro británico, Nick Clegg, dijo que las acusaciones de abuso de prisioneros y de matanza de civiles en Irak, surgidas de la publicación de WikiLeaks son serias y deben ser investigadas.

Clegg dijo que aunque las acciones de las fuerzas británicas en Irak tiene que ser observadas, tras la revelación de más de 400.000 documentos militares secretos de Estados Unidos por parte de la página de internet WikiLeaks, dependerá del gobierno estadounidense responder a la conducta de sus propias tropas,

El diario británico The Guardian ha examinado archivos divulgados por el sitio web WikiLeaks en detalle y dijo que ha encontrado dos casos en los que iraquíes han reportado haber sido abusados por soldados británicos.

El Partido Liberal Democrático de Clegg se opuso a la invasión de Irak y ha calificado la guerra de ilegal. Su partido, en la oposición cuando comenzó la guerra, es ahora parte de la coalición conservadora de gobierno del primer ministro David Cameron.

Los conservadores británicos apoyaron la decisión del ex primer ministro Tony Blair de unirse a la invasión estadounidense.

El material publicado corresponde al período 2004 a 2009. En tal sentido, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, condenó la filtración de todo documento que pueda poner en peligro "la vida de los soldados y de los civiles de Estados Unidos y de sus aliados", algo que también hizo el ministro británico de Defensa y su par de Australia.

La organización Human Rights Watch dijo que Irak debería investigar si sus fuerzas de seguridad recurrieron sistemáticamente a la tortura y el abuso de los detenidos.

Por su parte, Amnistía Internacional solicitó al gobierno del presidente Barack Obama, que iniciara una investigación, estimando que es "una grave violación del derecho internacional" el hecho de que las fuerzas estadounidenses hayan entregado "a miles de detenidos a las fuerzas iraquíes sabiendo que continuaban recurriendo a la tortura".