Un número cada vez mayor de víctimas de violaciones de derechos humanos ha decidido no presentar denuncia ante las autoridades nicaragüenses por temor a las represalias, según el más reciente informe de Amnistía Internacional.
Un número cada vez mayor de víctimas de violaciones de derechos humanos ha decidido no presentar denuncia ante las autoridades nicaragüenses por temor a las represalias, según el más reciente informe de Amnistía Internacional.

Un nuevo informe de Amnistía Internacional publicado el jueves reveló que en los últimos meses, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lejos de bajar la guardia y facilitar el proceso de reconciliación del país, intensificó la represión a través de la llamada “Operación Limpieza”.

Según el reporte, el gobierno de Ortega ha buscado callar a los manifestantes, quienes han sido víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, intimidación y del uso de fuerza letal por parte de la policía y grupos parapoliciales.

“El presidente Ortega no sólo desplegó a la policía para detener arbitrariamente y torturar a manifestantes, sino que también usó a grupos parapoliciales fuertemente armados para matar, herir e intimidar a quienes tenían la valentía de luchar contra su estrategia represiva”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Este último informe abarca desde mayo hasta el 18 de septiembre, tiempo en el cual Amnistía Internacional no sólo ha registrado sino también ha recopilado evidencias sobre el uso de fuerza parapolicial con armas de guerra, siete casos de posibles detenciones arbitrarias, al menos 12 casos de tortura y demás violaciones de derechos humanos.

En el documento también se destaca el desplazamiento interno y la migración forzada de personas procedentes de Nicaragua, en su mayoría, rumbo al vecino país de Costa Rica.

El 31 de julio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) anunció que casi 8.000 personas procedentes de Nicaragua habían pedido asilo en Costa Rica, mientras que otras 15.000 tenían cita para solicitar asilo en las siguientes semanas, cita el reporte.

“Con la adopción de estrategias cada vez más despiadadas y sofisticadas para reprimir a su propio pueblo, el presidente Ortega ha empeorado la peor crisis de derechos humanos de Nicaragua en décadas, obligando a miles de personas a abandonar su hogar y buscar seguridad en otras partes del país o en la vecina Costa Rica. El gobierno de Ortega debe poner fin de inmediato a la violenta represión”, señaló Erika Guevara Rosas.

Precisamente para abordar la situación en Nicaragua, el Consejo Permanente de la OEA convocó para el viernes 19 de octubre una sesión extraordinaria solicitada por la misión permanente de Canadá en nombre del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua. Se espera que la sesión empiece a las 10:00 am. (hora de Washington).