Adam Isacson, de la Oficina de Washington en América Latina (WOLA) y Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana analizaron el futuro de las relaciones entre El Salvador y Washington.

WASHINGTON DC - La decisión de la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, afín al presidente Nayib Bukele, de destituir a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como al fiscal general, Raúl Melara, ha creado una profunda grieta política en el país y en la comunidad hemisférica.

El tema de fondo es la separación de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, esencial en la democracia y en la consolidación de la institucionalidad de cada nación que abrace los principios de libertad, equidad y soberanía de la ley. En el programa Foro, de la Voz e América, dos expertos comentaron sobre las implicaciones políticas de lo ocurrido en El Salvador.

Adam Isacson, de la Oficina de Washington en América Latina (WOLA) y Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, en El Salvador, analizaron no solo el aspecto constitucional de la remoción de magistrados y del fiscal general, sino también del futuro de las relaciones entre El Salvador y Washington en momentos en que Estados Unidos buscan inyectar 4.000 millones de dólares a los países del Triángulo Norte para frenar la masiva migración de sus ciudadanos.

“Limpiando la casa”, pero a ¿qué costo?

El presidente Bukele insiste en que los cambios en el Poder Judicial están en línea con su política de mano dura contra la corrupción. El uso de las redes sociales para llevar su mensaje ha demostrado ser efectivo aunque polémico y no exento de críticas.

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Tres analistas de la región hablan sobre la crisis política que atraviesa El Salvador por estos días y la comparan con eventos similares ocurridos en otros países como Perú, Venezuela o Ecuador en las últimas décadas.

“Uno de los ejes de Bukele fue su mensaje del combate a la corrupción. Pero uno se pregunta si esa medida va a ser verdaderamente de combate a la corrupción.   El tema es que esto se convierte en un golpe autoritario que él da a la  democracia salvadoreña y que, obviamente, no va enfocada al combate a la corrupción. La fiscalía atiende doce o trece casos por posible corrupción durante la pandemia. Con el nuevo fiscal, sin duda, estos casos no llegarán a los tribunales”, dijo Escobar.

Los partidarios de Bukele, sin embargo, han aplaudido sus decisiones y las de la nueva Asamblea Legislativa. Insisten en que toda acción está amparada en la Constitución, que otorga a la Asamblea, el derecho de nombrar y remover magistrados.

Balance de poderes, esencial en un buen gobierno

Para Isacson, es esencial el sistema de pesos y contrapesos. Dijo compartir el criterio del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de que la separación de poder es inherente al funcionamiento mismo de la democracia representativa. “Se necesita el balance de poderes. Se necesitan controles en todas las ramas del poder”, agregó. 

Según Escobar, cuando se trata de los miembros de los supremos poderes, es elemental el debido proceso. “Estos funcionarios depuestos, si habían cometido un delito, se le debió haber hecho el debido proceso para retirarlos del cargo. Pero no se hizo eso”, sentenció.

El Salvador y Estados Unidos, ahora en empinada cuesta

Iscason advirtió que si Bukele “desea buenas relaciones con Estados Unidos, entonces va a tener que compartir el poder y limites sobre su poder.”

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El secretario general Luis Almagro considera que los últimos movimientos de Bukele son muy preocupantes y recordó que la mayoría legislativa debe preservar la independencia de poderes.

Para Escobar, el papel de la OEA es fundamental en este momento. “La OEA debería activar la Carta Democrática Interamericana y que se analice el caso de El Salvador a profundidad y se determine que mientras no se revierta esta situación, El Salvador queda temporalmente suspendido de la participación en los diferentes espacios que tiene la OEA.”

Pese a las críticas en su contra, Bukele asegura que sus acciones validan 30 años de lucha contra un sistema al que acusó de corrupto. Según el mandatario, él tiene un mandato otorgado por el pueblo. “El pueblo no nos mandó a negociar” dijo en su cuenta de Twitter.

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