An unidentified family from Michoacan State sit in their tent near the Cordova Bridge of the Americas in Ciudad Juarez, Mexico,…
Una familia no identificada del estado de Michoacán se sienta en su carpa cerca del Puente Córdoba de las Américas en Ciudad Juárez, México, el 10 de diciembre de 2019.

La Fiscalía General de El Salvador quiere penas más duras y una ley especial para combatir el tráfico ilícito de personas, así lo afirmó el jefe de la institución, Raúl Melara, después de presentar un anteproyecto de ley sobre el tema al parlamento.

Según el fiscal general, el país no cuenta actualmente con las herramientas legales necesarias para perseguir este delito y para adoptar acciones que hasta la fecha no se contemplan.

"Hay muchas personas que de manera inescrupulosa están traficando con el dolor de la gente, se están lucrando de estas personas que de alguna manera buscan migrar hacia otras tierras y es por eso por lo que es importante tener un cuerpo normativo que pueda atacar y penalizar al crimen organizado nacional e internacional", citó Melara.

El secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense Kevin McAleenan, izquierda, y el presidente salvadoreño Nayib Bukele asisten a una reunión en San Salvador, El Salvador, el miércoles 28 de agosto de 2019. (AP Foto/Salvador Meléndez)
El Salvador: golpean estructura de tráfico de personas
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Una nota de prensa emitida por la fiscalía cita que la propuesta presentada cuenta con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y busca ser una herramienta efectiva para el combate y prevención ante el tráfico ilícito de personas.

El jefe del Ministerio Público dijo que la propuesta busca una pena de hasta doce años de prisión para este delito y que básicamente contempla tres ejes de acción:  la penalización de los delitos de tráfico de personas, la coordinación a nivel internacional del país para una mejor eficacia y la atención al migrante, así como la de sus familias.

El Salvador ya cuenta con una Ley Especial contra la Trata de Personas, que fue aprobada en 2014 por la Asamblea Legislativa, pero a criterio del Ministerio Público “es insuficiente” para abordar de forma efectiva el delito de trata de personas.