A man holds a poster with a message that reads in Spanish: "Consuelo is one of the corrupt," during a protest demanding the…
Un hombre sostiene un cartel con un mensaje que reza "consuelo de los corruptos", durante una protesta exigiendo la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras y el ministro del Interior Gendri Reyes, el 21 de mayo 2021.

CIUDAD DE GUATEMALA - En Guatemala el 90% de los casos que se judicializan quedan en la impunidad, indica un proyecto de investigación elaborado para conocer cómo funciona la justicia en el país centroamericano y publicado el martes.

Elvin Díaz, abogado del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), dijo a The Associated Press que el mirador u observatorio es un programa de investigación que muestra 20 indicadores y que estará disponible en la web.

“Uno de los hallazgos más significativos es la impunidad, pues el Ministerio Púbico solo alcanza el 10% de respuestas efectivas, lo demás queda en impunidad”, señaló.

En el 2020 la fiscalía recibió 343.304 denuncias de las que desestimó, ya sea porque no investigó o no resolvió, 221.129, casi el 64%, según el proyecto.

“No conocemos con qué criterio se desestima una denuncia, ni tampoco si se toma en cuenta a los denunciantes”, afirmó Díaz.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que "tanto la CICIG, como su personal y funcionarios del sistema de justicia, han hecho una contribución decisiva hacia la erradicación la corrupción y la impunidad en Guatemala".
ONU defiende esfuerzos de la CICIG para apoyar lucha contra la impunidad en Guatemala
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Los datos se obtuvieron de instituciones como el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto de Defensa Público Penal y el Ministerio de Gobernación.

Lourdes Pérez, investigadora del ICCPG, señaló que el observatorio se basó en varios ejes: acceso a la justicia, cultura judicial, organización y gestión judicial, así como la capacidad de respuesta del sistema de justicia.

El informe muestra que para 9 millones de habitantes en situación de pobreza en el país hay 448 defensores públicos, apenas cinco por cada 100.000 habitantes.

Los delitos que más se denunciaron en 2020 fue violencia contra la mujer con 57.292 denuncias y le siguió el hurto con poco más de 37.000, agregó.

Sobre el uso de cárceles, la investigación muestra que hay 22 centros de detención con una población reclusa de 25.620 —88.8% son hombres y 11.1% mujeres— y de ellos el 48% está sin condena. Por otro lado, hay una sobrepoblación de 371.5%, mientras que el centro de detención para mujeres sufre una sobrepoblación de 600%, indicó Pérez.

En respuesta a una consulta de la AP sobre los datos publicados, la fiscalía señaló que “en lo que corresponde al Ministerio Público, durante el tercer año de gestión se lograron resultados significativos, tal es el caso de un hecho histórico como lograr cobertura en todo el país pues la falta de acceso a la justicia representa impunidad”.

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