El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo el martes que está promoviendo una reforma legal para aplicar la cadena perpetua a los opositores, a quienes acusó de cometer “crímenes de odio”.
Originalmente, la vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, había hecho el anuncio aprovechando el brutal asesinato de dos niñas en el Caribe de Nicaragua, que posteriormente fueron violadas por un hombre de la localidad.
Sin embargo, Ortega fue directo en sus acusaciones en el acto de conmemoración del aniversario de la Independencia de Centroamérica, para amenazar a los opositores que según él han cometido “crímenes de odio en contra del pueblo de Nicaragua”.
El mandatario señaló que en Nicaragua ocurrieron “crímenes de odio” durante las protestas contra su gobierno en abril de 2018 y acusó a los opositores, a quienes llamó “delincuentes” y “peleles del imperialismo”, de asesinar a agentes policiales y destruir instalaciones públicas.
“Se sienten intocables porque se les dio una amnistía, ya se les dio una oportunidad, una amnistía, pero ya no habrá más amnistía. El pueblo pedirá cuentas en el marco de las leyes, en el marco de las regulaciones que tiene el estado nicaragüense, y para eso están las leyes para castigar, para sancionar”, dijo Ortega.
Juristas y opositores consultados por la Voz de América opinaron que establecer la cadena perpetua lesionarían el objetivo del sistema penitenciario en el país, cuyo fin es la “inserción de quienes de quienes han delinquido a la sociedad para que puedan socializar y la sociedad pueda seguir trabajando armoniosamente”.
Juristas: “El objetivo es convertir la justicia en venganza”
El jurista José Pallais dijo a la VOA que en un país donde no existe estado de derecho, ni hay independencia del estado judicial, usualmente se aplica la ley por razones políticas.
“Tenemos que pensar que hay un objetivo de convertir la justicia en venganza contra opositores y más aún cuando hablan del delito de odio, lo mismo que doña Rosario Murillo a diario dice sobre los opositores. Ella dice que están cargados de odio, cuando el odio y violencia viene desde el estado y su gobierno”, advirtió Pallais.
Según el abogado, es preocupante el vacío que existe en el anuncio de Daniel Ortega y Rosario Murillo al no especificar las reformas a las leyes pues se habla de “delitos de odios” no determinados, los mismos que en Venezuela han sido aplicados para restringir y reprimir a opositores.
“Pareciera que esa es la línea que pretenden ejercer o continuar en Nicaragua, tratando de justificarla aplicándosela a violadores, cuando en este país los violadores han sido liberados por este régimen, demostrando que no hay estado de justicia y si no hay en el pasado no puede haber en el futuro”, agregó.
En Nicaragua, Ortega ha liberado durante los últimos meses a más de 22.000 reos comunes, aduciendo “promover la unidad familiar”, según la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel.
El doctor Julio Montenegro, defensor de derechos humanos también ha expresado su preocupación por las posibles reformas anunciadas por presidencia y dice que es como “echar un paso atrás al Código Penal”, tomando en cuenta que la cadena perpetua fue eliminada en Nicaragua durante la reforma constitucional de 1974, cuando el país saltó “de un sistema penal punitivo a un sistema penal reformante”.
“Hablar de crímenes de odio, es un concepto generalizado y se supone que el origen de esta idea se debe por las niñas asesinadas el fin de semana, de tal manera que habría que ser específico en caso de que se reforme la ley, pero también deben reformar el artículo 37 de la Constitución Política que habla de una pena máxima de 30 años”, explicó Montenegro.
Miguel Mora y Lucía Pineda eran señalados de “crímenes de odio”
Por otro lado, el abogado Julio Montenegro resalta que el concepto de crímenes de odio fue aplicado en los señalamientos contra el expreso político Miguel Mora y a Lucía Pineda Ubau.
“Ahí se aplicó el concepto de crímenes de odio con Mora y Ubau, en donde se hablaba de conspiraciones y de informaciones que se difundían con ese fin, de tal manera que debe precisarse ese delito”.
Es por eso por lo que el jurista José Pallais advierte que estas reformas pueden ser utilizadas contra periodistas y organizaciones de la sociedad civil opositores a Ortega.
“Pareciera más bien que hay el deseo de utilizar el Poder Judicial sometido y falto de independencia para castigar a la oposición y la prensa, argumentando que informan un discurso de odio como se ha querido señalar en Venezuela. Esto es grave, esta propuesta debemos rechazarla por las razones ya argumentadas”, finaliza Pallais.
Para establecer dichas reformas la Corte Suprema de Justicia deberá trabajar en la propuesta y luego remitirla a la Asamblea Nacional para su aprobación, donde Ortega mantiene el control por los diputados oficialistas.
