FILE PHOTO: Signage is seen at the United States Department of Justice headquarters in Washington, D.C., U.S., August 29, 2020…
El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que la causa está relacionada con una acusación en agosto de 2018 a Raúl Gorrín Belisario, un multimillonario venezolano propietario de la cadena Globovisión.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles que la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron acusados de soborno y lavado de dinero en un tribunal de la Florida.

La causa está relacionada con una acusación en agosto de 2018 a Raúl Gorrín Belisario, un multimillonario venezolano propietario de la cadena Globovisión, quien según el documento fue uno de los conspiradores del mismo esquema de lavado de dinero.

El anuncio del Departamento de Justicia dice que Claudia Patricia Díaz y su esposo viven actualmente en Madrid y que Gorrín es un fugitivo que reside en Venezuela.

La nota explica que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros venezolanos, Claudia Patricia Díaz y Alejandro Andrade Cedeño, y a Velásquez, para beneficio de Díaz, para asegurar los derechos de hacer transacciones monetarias para el gobierno de Venezuela a tasas favorables.

Gorrín transfirió fondos para beneficio de Andrade y Díaz, incluyendo dinero para aviones privados, yates, residencias, caballos de carrera, relojes de lujo y una línea de moda.

Andrade, de 56 años, fue sentenciado a 10 años de prisión en 2018 por su papel en la conspiración de lavado de dinero.

Como parte de su acuerdo con la fiscalía, Andrade admitió que recibió 1.000 millones de Gorrín y otros conspiradores a cambio de usar su posición de tesorero nacional para seleccionarlos para hacer transacciones monetarias a tasas favorables para el gobierno venezolano.

El documento dice que el brazo investigativo del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) en Miami, Houston, Boston, el FBI en Miami y otras agencias federales están investigando el caso, y menciona también la asistencia de la Policía Nacional de España.

La nota aclara que un cargo es simplemente una denuncia y todos los acusados se presumen inocentes hasta que sean declarados culpables más allá de una duda razonable en una corte.