Con su selección del juez federal de apelaciones Merrick Garland como su secretario de Justicia, el presidente electo Joe Biden está proyectando una visión muy diferente del papel del principal funcionario para el cumplimiento de la ley que la promocionada durante años por el presidente Donald Trump.

“Tu lealtad no es hacia mí”, dijo Biden el jueves, en una aparente crítica indirecta a Trump, quien según sus críticos exigió lealtad de sus subordinados y del fiscal general William Barr, que renunció recientemente, y quien fue criticado frecuentemente por servir como “el abogado personal de Trump”.

“Es a la ley, a la Constitución, a la gente de esta nación”, dijo Biden.

La nominación de Garland al crucial cargo para el cumplimiento de la ley y el orden, vino un día después que una turba de enfurecidos partidarios de Trump atacara el Capitolio enojados por los alegatos sin fundamento de Trump de que le fue robada la reelección en los comicios presidenciales del 3 de noviembre.

La violenta incursión, que dejó cinco personas muertas, incluyendo un oficial de policía del Capitolio, ha desatado una ofensiva de los demócratas para enjuiciar a Trump por segunda vez, en esta ocasión por incitar a la violencia al urgir a sus seguidores a “pelear como demonios” y marchar hacia el Capitolio, donde los legisladores se reunían para certificar la victoria electoral de Biden.

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Denunciando el disturbio como “la culminación” de un ataque generalizado de cuatro años por parte de Trump contra la ley y las instituciones democráticas, Biden dijo que restaurar la independencia e integridad del Departamento de Justicia es su principal prioridad y que Garland haría eso al no servir como su abogado personal “sino como el abogado del pueblo”.

Garland dijo que eso es lo que él quiere. Previamente Garland había captado la atención nacional en 2016 cuando el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, bloqueó su nominación por el presidente Barack Obama a un puesto en la Corte Suprema.

La pasada semana Garland afirmó que aceptó el puesto de fiscal general después que Biden y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, le aseguraran que el departamento mantendría su independencia de interferencias políticas.

Aún antes de los disturbios en el Capitolio, Garland tenía mucho trabajo, afrontando decisiones sobre controversiales políticas de inmigración y derechos civiles de la era de Trump y asegurándose que un par de investigaciones actuales sobre el pago de impuestos del hijo de Biden y sobre los orígenes de la investigación federal sobre la interferencia rusa en la elección del 2016, continúen sin obstáculos.

Investigaciones políticamente sensibles plagaron los períodos de tanto Barr como del primer Fiscal General nombrado por Trump, Jeff Sessions. Trump eventualmente obligó a ambos a renunciar cuando fallaron en cumplir con sus exigencias.

No se considera probable que Garland siga la misma suerte que sus predecesores. Pero los llamados a una investigación de los hechos del Capitolio y sus instigadores, presuntamente apuntan a Trump y sus aliados, crea un nuevo conjunto de retos para el Fiscal General entrante si es confirmado y una prueba de su independencia de la Casa Blanca. El FBI y el Departamento de Justicia están agresivamente rastreando y arrestando a los participantes del ataque al Capitolio como parte de una investigación a nivel nacional.

Mientras Biden ha dejado claro que no desea que el Departamento de Justicia investigue a Trump después que deje el cargo, los llamados para que se le responsabilice por sus acciones posiblemente aumentarán una vez que Biden haya asumido la presidencia el próximo 20 de enero.

“Creo que mucho del tablero de juego se ha movido en los últimos días”, dijo Kimberly Wehle, profesora de Derecho en la Universidad de Baltimore. “Si me hubieras preguntado eso hace una semana, procesar a un expresidente podría no haber sido una prioridad para Joe Biden. Pero ahora no estoy muy segura”.

Wehle agregó: “Creo que Garland tiene una tremenda cantidad de trabajo que hacer urgentemente para esclarecer lo que pasó el 6 de enero, tanto en términos de la espectacular falla de las agencias del orden en responder y la contribución de figuras políticas a lo que fue un asalto al corazón mismo de la democracia estadounidense”.

Un portavoz de Michael Horowitz, el inspector general del Departamento de Justicia, declinó decir si Horowitz estaba considerando investigar la respuesta de la agencia al asalto al Capitolio o si había recibido solicitud del Congreso para ese tipo de investigación.

Al argumentar a favor de enjuiciar y destituir a Trump, los demócratas se están enfocando en el discurso que el presidente pronunció cerca de la Casa Blanca antes de enviar a una turba de sus simpatizantes a marchar hacia el Capitolio. Pero algunos expertos legales dicen que no hay fundamentos para investigar a Trump por incitar a la violencia o por sedición.

“El presidente de Estados Unidos tiene los mismos derechos de libre expresión que otras personas”, dijo Jonathan Turley, un abogado criminalista de defensa y profesor de Derecho de la Universidad George Washington, quien participó como testigo invitado por los republicanos en las primeras audiencias del juicio a Trump en 2019. “No conozco ningún caso federal que trataría estos discursos como un acto criminal federal”.

Turley sin embargo dijo que Biden se merece el crédito por seleccionar a alguien con la “integridad y el intelecto” de Garland como su fiscal general.

“Él tiene experiencia considerable tanto en cortes federales como en el Departamento de Justicia”, dijo Turley en una entrevista. “Él es ampliamente considerado no solo por su intelecto, sino por su personalidad. Es alguien que siempre ha ganado apoyo, aún de aquellos que difieren con aspectos de su filosofía jurídica”.

Garland, de 68 años, es magistrado de la Corte Federal de Apelaciones en Washington D.C., la segunda corte federal más poderosa del país. Antes de ser nominado a su puesto en la Corte de Apelaciones por el entonces presidente Bill Clinton en 1997, Garland, un egresado de Harvard y de la escuela de Derecho de Harvard, se la pasaba entre el sector privado y el Departamento de Justicia, donde servía como un fiscal y funcionario de alto rango.

Antes de contactar a Garland, Biden afrontó presión de grupos de cabilderos para que nombrara a un candidato con experiencia en derechos civiles, preferiblemene un afroestadounidense. Un importante candidato para el trabajo era Doug Jones, un viejo amigo de Biden y senador demócrata de Alabama, quien perdió su reelección en noviembre. Al final, optó por Garland, un hombre blanco, balanceando la nominación con los nombramientos de dos prominentes promotores de los derechos civiles que previamente sirvieron en el Departamento de Justicia bajo el gobierno de Obama.

“Ciertamente hace sentido que el nuevo presidente seleccione a alguien no del mundo de la política, sino más bien del mundo de la ley”, dijo Susan Estrich, una excompañera de Garland en la escuela de Derecho, quien ahora es profesora de Derecho en la Universidad del Sur de California. “Simplemente envía un mensaje diferente”.

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Históricamente, muchos presidentes estadounidenses han escogido a amigos o aliados cercanos para encabezar el Departamento de Justicia; el presidente John F. Kennedy, escogió a su hermano Bobby Kennedy. Otros, sin embargo, han buscado a personas no cercanas a su entorno.

Tras el escándalo de Watergate, el presidente Gerald Ford seleccionó a Edward Levi, un respetado presidente de la Universidad de Chicago, para dirigir el Departamento de Justicia. En el camino, Levi recibió muchos elogios por restaurar la independencia e integridad del departamento.

En semanas recientes, algunos catedráticos de derecho han comparado el rol que Garland muy posiblemente va a desempeñar en el Departamento de Justicia, con el papel jugado por Levi. En sus discursos, tanto Harris como Garland invocaron el nombre del ya fallecido Levi. Garland señaló que las normas creadas por Levi condujeron a políticas que aseguraron la adherencia del departamento al imperio de la ley.

“Si soy confirmado, mi misión como fiscal general será reafirmar esas políticas como los principios bajo los cuales funciona el departamento”, dijo Garland. “Como dijo Ed Levi en su juramentación: ‘Nada puede debilitar tanto la calidad de vida, o poner en mayor peligro la realización de las metas que tanto valoramos, que el fracaso de dejar claro con palabras y hechos que nuestra ley no es un instrumento para propósitos partidarios”.