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La ONG Artículo 19, con sede en México, dice promover y defender "el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas". [Foto: Cortesía de A19]

MIAMI, EE. UU. - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado el martes en el que respalda “el trabajo riguroso y creíble" que lleva a cabo "en materia de libertad de expresión” la ONG Artículo 19, que recientemente ha sido blanco de los señalamientos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Las preocupaciones de la directiva de la SIP aparecen casi una semana después de que el presidente López Obrador criticara duramente a esta organización de defensa de los periodistas.

El pasado 31 de marzo, tras publicarse el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se señala a la directora de la agencia de noticias estatal de México, Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, el mandatario realizó señalamientos públicos contra la ONG Artículo 19.

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Martínez Montemayor habría ordenado a los periodistas que no publicaran sobre algunos funcionarios e instituciones, indica el informe.

López Obrador dijo que la organización recibe financiamiento de "empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado".

A los efectos, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, indicó que "causa sorpresa y preocupación que el presidente López Obrador intente deslegitimar a una organización invocando principios de no injerencia o soberanía y de fondos extranjeros, lo que contraviene principios universales sobre derechos humanos”.

En tanto la ONG rebatió el mismo día los planteamientos del mandatario alegando en una publicación que “son simplistas y reflejan intolerancia al trabajo de aquéllos que buscan llamar al poder a cuentas”.

La SIP ha recordado un antecedente ocurrido en la región cuando el Gobierno de Daniel Ortega emitió una ley en diciembre de 2020 que regula las actividades de organizaciones nacionales y extranjeras en Nicaragua, lo que llevó a que algunas de ellas abandonaran el territorio nacional.

Finalmente, la entidad regional citó leyes parecidas, implantadas en Bolivia, Ecuador y Venezuela.