Agentes rusos ofrecieron ayuda militar a separatistas catalanes en el momento más crítico de su fallido intento por separarse de España en 2017, según una investigación judicial en España.
Estas son los extraordinarios alegatos en el centro de una investigación lanzada por un juez en Barcelona quien investiga presuntos vínculos entre el movimiento independentista catalán y una campaña de desinformación rusa diseñada para desestabilizar a Europa.
La policía arrestó el miércoles a 21 sospechosos en Barcelona por orden del juez Joaquín Aguirre, incluyendo a tres hombres que era cercanos al expresidente catalán Carles Puigdemont, quien huyó de España tras la fallida declaración de independencia hace tres años.
En una grabación presentada en documentos de la corte, uno de los detenidos menciona una oferta de agentes rusos de proveer a Puigdemont con 10.000 tropas para ayudar en un teórico conflicto armado con las fuerzas españolas. La oferta nunca se materializó.
Ofensiva de noticias falsas
"La interferencia rusa como una estrategia geopolítica era un hecho durante el otoño del 2017 cuando (los rusos) esparcieron noticias falsas y desinformación”, dijo el juez Aguirre en un fallo, citando informaciones publicadas en línea en las que se apoyaba a los separatistas y que era reproducidas por plataformas de noticias rusas.
El gobierno español había acusado a Rusia en el 2017 de entrometerse en el conflicto catalán, una acusación que funcionarios rusos rechazaron en ese momento.
En lo que pareciera ser una respuesta irónica a los alegatos de la corte, la embajada de Rusia en Madrid tuiteó: “Es necesario agregar dos ceros al número de soldados y lo más impresionante sobre esta conspiración: las tropas tendrían que ser transportadas por Mosca y Chato, aviones ensamblados en Cataluña durante la Guerra Civil española y escondidos en un lugar seguro de la sierra catalana hasta recibir la orden de actuar mediante publicaciones cifradas”.
El momento
Aunque la investigación se refiere a eventos de hace tres años que amenazaron con dividir una de las economías más grandes de Europa, tiene ramificaciones en el actual ambiente político polarizado.
El gobierno de coalición de minoría izquierdista depende del partido separatista catalán Esquerra Republicana (ERC), para apoyo en momentos que se realizan pláticas para la aprobación del presupuesto del 2021.
España no ha tenido un presupuesto anual aprobado en el Congreso en los últimos cuatro años y en momentos de la pandemia del COVID-19 este presupuesto es crucial para financiar la recuperación del país. En caso de falta de acuerdo, las cuentas del Estado se prorrogan por un ejercicio más de manera automática, por lo que no incluyen partidas adicionales, como las requeridas por la pandemia.
“Es evidente que el gobierno español no tiene apetito para encontrar una solución al conflicto en Cataluña”, dijo a la VOA, Raúl Murcia, un portavoz del partido ERC.
Las elecciones regionales en Cataluña están planificadas para febrero cuando los partidos separatistas tienen posibilidades de ganar una mayoría, pero no más del 50% de los votos, según encuestas recientes.
El movimiento separatista catalán siempre ha proclamado creencias pacíficas, aunque el año pasado hubo choques violentos con la policía luego que de nuevo de sus líderes fueron condenados una pena máxima de 13 años de cárcel por su papel en el intento de separación del 2017.
Investigación más amplia
La investigación también se enfoca en el supuesto mal uso de fondos públicos para el movimiento separatista de España, así como el presunto rol active de campañas de desinformación rusa para desacreditara Madrid.
Los arrestados enfrentan alegatos de malversación y lavado de dinero.
Las investigaciones revelaron que dinero previsto para el gobierno provincial de Barcelona y una entidad regional de promoción de equipos deportivos había sido desviado ilegalmente, dijo el gobierno español en un comunicado tras los arrestos.
Josep Lluis Alay, un cercano colaborador de Puigdemont, fue uno de los detenidos. Otros incluyeron a David Madi y Oriol Vendrell, dos ex políticos de los principales partidos separatistas de Cataluña.
En la víspera de las redadas, Puigdemont tuiteó que Alay y los otros “deben ser liberados inmediatamente. Actuar contra los disidentes políticos es una enorme violación a los derechos fundamentales”.
Luego de frustrarse el intento separatista, Puigdemont huyó de España escondido en el maletero de un coche hacia Francia, desde donde luego voló a Bruselas, donde ha hecho campaña para lograr apoyo internacional para su causa. Puigdemont es actualmente miembro del Parlamento Europeo.
Otro sospechoso, Oriol Soler, es un editor considerado uno de los principales estrategas del movimiento separatista.
Conexión con Assange
Soler está siendo investigado por presuntamente reunirse con contactos rusos y con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, cuando este buscaba refugio en la embajada ecuatoriana en Londres.
En un documento del tribunal que fue hecho público, se señala que la presunta reunión entre Soler y Assange en septiembre del 2017, “cae dentro de la estrategia de desinformación y desestabilización en la que el Kremlin también ha participado como parte de una narrativa general de que la Unión Europea estaría al borde del colapso, el principal mensaje de los medios noticiosos controlados por el Kremlin.
Benet Salellas, el abogado defensor de Soler, dijo que su cliente es inocente y denunció “que el sistema de Justicia está siendo utilizado para luchar contra el movimiento independentista catalán”.
Los arrestos desataron varias pequeñas protestas a lo largo de Cataluña.
El tema de la independencia ha dividido consistentemente a esta región de unos 7,5 millones de habitantes. En una reciente encuesta este mes efectuada para el gobierno regional catalán, el 46,3% de los catalanes se opuso a la separación de España, mientras 45,5% respaldó la independencia.
