Birds fly next to a Venezuelan flag in Caracas, Venezuela
Pájaros vuelan junto a una bandera venezolana en Caracas, Venezuela. Foto de archivo. Foto: Reuters.

CARACAS - La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró en el mes de enero al menos 99 ataques e incidentes de seguridad al derecho a defender los derechos humanos en Venezuela y piden al Estado venezolano “cesar la política de criminalización”.

“Enero evidencia la agudización de la política de criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos”, indican en el reporte publicado este martes.

Explican que la cifra del mes de enero revela “la sistematicidad de los patrones de agresión que hacen parte de la política de criminalización en contra de quienes exigen y defienden derechos y contra aquellos que realizan acciones humanitaria”.

De los 99 hechos registrados, la estigmatización - con 54 de los casos - “continúa siendo el principal patrón de agresión implementado”, indica el reporte. Le sigue intimidación y hostigamiento, que son 16 de las situaciones registrada.

El reporte detalla que de los casos registrados el mes pasado, el 60% fueron dirigidos contra organizaciones de derechos humanos o humanitarias, mientras que el 40% restante fue en contra de defensores de DD.HH.

Miembros de la ONG venezolana Azul Positivo.
Conceden libertad condicional a cinco activistas de DD.HH. en Venezuela
Organizaciones venezolanas celebraron la medida, pero insistieron en sus exigencias de que los miembros de Azul Positivo gocen de libertad plena.

Entre los principales responsables de estas agresiones están funcionarios público de altos cargos, con 40% de los casos, explican.

“Con la instalación de la ilegítima AN se retomaron los discursos que criminalizan la cooperación (internacional), así como la pretensión de altos funcionarios del Estado de vincular a las organizaciones de derechos humanos con fines político partidistas, con el objeto de desprestigiar su labor y cuestionar su independencia e imparcialidad”, señala el informe.

El CDJ afirma que los activistas de DD.HH. y trabajadores humanitarios “no son enemigos del Estado y su labor es esencial”. “Exhortamos al Estado Venezolano a cesar la política de criminalización. Defender derechos y realizar acción humanitaria no es delito”, indican.

Igualmente, señalan que ante las distintas vulnerabilidades “es indispensable y urgente una respuesta oportuna, fuerte y clara por parte de los distintos actores que conforman la comunidad internacional”.

Un informe titulado 'Enemigos internos, defender derechos humanos en el contexto de la pandemia por COVID-19’ - presentado por la Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos, entre otros - reveló que en 2020 los ataques contra las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en la nación suramericana aumentaron en un 157%.

La semana pasada, relatores de las Naciones Unidas pidieron a las autoridades venezolanas terminar con los ataques e intimidaciones a organizaciones de la sociedad civil, a propósito de la liberación de los activistas de Azul Positivo.