La relatora especial de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, en conferencia de prensa en Caracas, Venezuela.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, en conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el 12 de febrero de 2021.

Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas celebraron la puesta en libertad de cinco directivos y trabajadores humanitarios de la ONG Azul Positivo e instaron a las autoridades venezolanas a poner fin a los continuos ataques e intimidaciones a organizaciones de la sociedad civil y periodistas.

"Las detenciones y acusaciones penales forman parte de un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que ya operan dentro de un marco legislativo restrictivo”, dijeron los expertos.

Entre esos mecanismos, señalaron, está la "Ley contra el Odio" de 2017 “que restringe el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, entre otros”.

Los expertos denunciaron además que no se han retirado los cargos relacionados con el terrorismo, la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales impuestos a los cinco integrantes de Azul Positivo liberados el pasado 10 de febrero.

Miembros de la ONG venezolana Azul Positivo.
Conceden libertad condicional a cinco activistas de DD.HH. en Venezuela
Organizaciones venezolanas celebraron la medida, pero insistieron en sus exigencias de que los miembros de Azul Positivo gocen de libertad plena.

"Instamos a las autoridades a que retiren los cargos en contra de los cinco defensores de derechos humanos de Azul Positivo", dijeron los expertos.

El informe dice además que el gobierno de Venezuela ha adoptado en los últimos meses nuevas normas que intensifican la presión contra las ONG y restringen su acceso a la financiación internacional, incluyendo los recursos necesarios para atender la crisis humanitaria.

"Pedimos a las autoridades que revisen las leyes y prácticas restrictivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Venezuela en virtud del derecho internacional de derechos humanos y que respeten y protejan la labor de la sociedad civil, incluyendo a las defensoras de los derechos humanos".

Los expertos forman parte de un grupo de relatores especiales de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Trabajan de forma voluntaria, no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo.

El grupo dijo que se había puesto en contacto con las autoridades venezolanas para tratar estos temas.