La fiscalía chilena sostiene que el secuestro y homicidio de un exmilitar venezolano en Chile en febrero pasado fue organizado por la banda criminal el Tren de Aragua desde Venezuela y pidió la extradición de dos personas sospechosas.
El cadáver de Ronald Ojeda, un ex militar venezolano de 32 años que fue expulsado del ejército venezolano acusado de conspiración y que fue secuestrado el 21 de febrero en su vivienda en Santiago de Chile por cuatro personas que simularon ser funcionarios de la policía chilena, fue hallado días después en una maleta bajo tierra en una zona popular de la capital de ese país.
La ministra chilena de Interior, Carolina Toha, dijo el viernes que apoyan a la fiscalía en su solicitud de asistencia penal internacional, a través de gestiones diplomáticas, contactos con las autoridades y participación en foros internacionales demandando la colaboración del gobierno venezolano en la investigación.
El fiscal a cargo de las investigaciones, Héctor Barros, afirmó que fueron descartadas las hipótesis de que la víctima estuviese involucrada en hechos ilícitos o que el Tren de Aragua lo hubiese secuestrado para cobrar algún rescate.
“Por lo tanto la única línea que nos queda y por lo tanto lo que hemos hecho es hacer un requerimiento de asistencia penal internacional a Venezuela a efectos de que nos puedan ayudar con la detención de dos ciudadanos venezolanos que están actualmente en Venezuela”, manifestó Barros el viernes.
“Hasta el momento no tengo otro antecedente que nos demuestre o nos indique a otro lado”, había dicho Barros consultado por Chilevisión Noticias sobre si el móvil del crimen fue político.
“Esto se organizó y se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela”, continuó.
El artículo 69 de la Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de venezolanos.
El caso, que se mantuvo bajo “reserva”, cobró inmediata relevancia luego de que un excomisario venezolano que fue considerado preso político del gobierno del ex presidente Hugo Chávez, denunció que Ojeda habría sido ejecutado por funcionarios contrainteligencia militar que supuestamente habrían ingresado a territorio chileno.
Solicitud de “cooperación interinstitucional”
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anuncio el viernes haber recibido, a través de un correo electrónico, una solicitud de “cooperación interinstitucional” por parte de la fiscalía de Chile que pidió antecedentes penales de 5 personas vinculadas al homicidio de Ojeda.
Saab aclaró que no se trata de una solicitud de asistencia mutua en materia penal realizada por los mecanismos diplomáticos correspondientes.
“El Ministerio Público de Venezuela está procediendo a la ubicación de los sujetos señalados como presuntos involucrados en dicho crimen, para su inmediata detención en el caso de que los mismos se encuentren en nuestro territorio, ello conforme a nuestras obligaciones nacionales e internacionales”, escribió en X.
El fiscal reiteró que el Tren de Aragua fue “totalmente desmantelada” y ratificó que Venezuela tiene la “absoluta disposición” de cooperar en la lucha contra el delito transnacional.
Días atrás, Barros confirmó que el hecho está vinculado a la megabanda criminal de origen venezolano, el Tren de Aragua, que se ha expandido por varios países de la región y que el gobierno venezolano considera una “ficción” mediática.
El fiscal Barros dijo no saber si el secuestro y asesinato pudo haber sido organizado desde Venezuela por organismos de contrainteligencia.
“Hay un grado de organización, de ejecución de este delito que nosotros no lo hemos visto. El Tren de Aragua jamás actuó como lo que hicieron en este caso, disfrazados de policías y tomarse el trabajo de enterrarlo a un metro cuarenta de profundidad y poner sobre el cemento, cementar el lugar donde estaba sepultado”, aseguró a Chilevisión.
De acuerdo al informe de la autopsia al que tuvo acceso el medio chileno, Ojeda habría sido ejecutado “casi de inmediato”, lo que descartaría un secuestro extorsivo. Además, precisa que sus movimientos financieros descartarían vínculos con el crimen organizado internacional.
El reportaje fue transmitido horas después de que el presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó a consultas a su embajador en Caracas al reiterar que considera “irresponsables” y “preocupantes” las declaraciones del canciller venezolano, Yvan Gil, quien calificó al grupo criminal el Tren de Aragua, que se ha expandido en la región, es una “ficción” mediática.
A inicios de este mes la cadena colombiana Caracol Televisión transmitió un reportaje en el que expone que el gobierno venezolano presuntamente ha llevado a cabo operaciones de inteligencia “ilegales” en países como Chile y Colombia para “cazar” a opositores del gobierno señalados de conspiración.
De acuerdo al reportaje elaborado por la unidad investigativa de Caracol, bloqueado en Venezuela, el gobierno habría acudido a grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Tren de Aragua.
El gobierno venezolano acusó al medio colombiano de “apologista al crimen” y de propiciar una campaña mediática en su contra.
El Tren de Aragua surgió en Venezuela y, según la organización Insight Crime, un centro de pensamiento dedicado a profundizar el debate sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en América Latina, su expansión a países como Perú, Chile y Colombia ocurrió “a expensas del éxodo masivo” de venezolanos. La banda de delincuencia organizada se ha dedicado, a actividades delictivas como extorsión, secuestro, homicidio, sicariatos, venta de drogas, tráfico de armas y de personas.
La banda operaba desde la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, en el centro de Venezuela, y a finales del año pasado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro desplegó un operativo para desarticularla y darle “fin”.
Según Insight Crime, a pesar del golpe que supuso la pérdida de su base de operaciones, la cúpula de la pandilla escapó y “sus células trasnacionales siguen operando”.
Recientemente el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que sobre el Tren de Aragua se “ha construido un mito” para atacar, perseguir y ofender a la democracia venezolana y manifestó que se le ha dado un poder que “nunca ha tenido”.
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