La Cruz Roja nicaragüense evacuó el viernes a un sacerdote y a unas 12 personas más que estuvieron encerradas y bajo asedio de la policía durante nueve días en la iglesia San Miguel Arcángel de la ciudad de Masaya, al sureste de la capital, informaron sus familiares.
Entre los evacuados se encuentra el párroco Edwin Román, una abogada y 11 mujeres que el pasado jueves iniciaron una huelga de hambre para pedir la libertad de más de un centenar de activistas opositores presos por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega.
La policía mantuvo desde ese día un cerco a la iglesia, impidiendo la entrada y salida de personas, así como cualquier tipo de asistencia humanitaria. El gobierno además cortó el agua y la energía eléctrica en el sector, lo que agravó la condición de los huelguistas y del padre Román, que es diabético y no podía refrigerar sus medicinas.
José Merlo, padre del manifestante preso Scarnieth Merlo, dijo que el grupo fue trasladado desde Masaya al hospital privado Vivian Pellas de Managua para recibir atención médica. Su esposa, Diana Lacayo, hizo ayuno durante nueve días.
Merlo indicó que tras el desalojo de la parroquia la huelga de hambre fue suspendida, sin que los opositores lograran su objetivo de ver libres a sus familiares.
Medios de prensa digitales publicaron videos del momento en que las huelguistas salían del templo en fila para abordar inmediatamente una ambulancia de la Cruz Roja. El padre Román fue el último en salir y subió a una camioneta particular color negro.
Flor de María Vargas, una de las mujeres que hicieron ayuno, dijo a periodistas que el grupo levantó la huelga de hambre “por unos días, pero seguiremos en nuestra lucha por la libertad de nuestros hijos”.
“La gente sabe que no teníamos agua ni energía eléctrica, estábamos con suero”, agregó la joven María Gómez. Aseguró que el grupo decidió suspender el ayuno “para no arriesgar la salud del padre” Edwin Román.
Extraoficialmente se informó que el desalojo de la parroquia habría sido fruto de gestiones de la Iglesia católica ante el gobierno de Ortega, dada la gravedad del caso que acapara la atención de la prensa desde hace una semana. No se pudo confirmar si el nuncio apostólico en Managua, Waldemar Sommertag, habría participado en las supuestas gestiones.
Nicaragua vive una grave crisis política que inició con protestas sociales en abril de 2018 y que dejó 328 muertos, más de 2,000 heridos, cientos de detenidos y unos 88.000 exiliados, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
