El gobierno estadounidense lanzó el miércoles una fuerte advertencia a entidades en Estados Unidos que colaboran con China y empleen mano de obra del gigante asiático, en base a que Beijing es señalada por violar los derechos humanos.
En un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que -junto con los departamentos de Estado, Comercio y Tesoro- ha pedido a entidades en el país “controlar sus actividades en China, particularmente en la región de Xinjiang”.
El aviso especifica que las violaciones en Xinjiang han sido notadas porque “el gobierno chino está reprimiendo severamente a su propio pueblo y está cometiendo abusos contra los derechos humanos>.
“El DHS tomará más medidas de cumplimiento contra las empresas en EE.UU. que violen la ley al contribuir a los abusos de los derechos humanos en Xinjiang y en otras partes de China”, señala la nota de prensa.
Seguridad Nacional dijo que su sección de Control de Patrulla Fronteriza seguirá “emitiendo prohibiciones comerciales de bienes producidos con trabajo forzoso importados a Estados Unidos desde China, especialmente Xinjiang”.
EE.UU. anuncia Seguridad Nacional está investigando activamente a las empresas y funcionarios corporativos que se benefician,a sabiendas del trabajo forzado en Xinjiang”.
El aviso se extiende a “empresas, individuos, instituciones académicas, proveedores de servicios, inversores y otras personas de EE.UU. que elijan operar en Xinjiang o interactuar con entidades que utilizan mano de obra o bienes de Xinjiang”, pues “arriesgarán su reputación y correrán riesgos económicos y legales asociados con ciertos tipos de participación en entidades que incurren en abusos contra los derechos humanos”.
En el aviso, Washington asegura que China “desde al menos marzo de 2017, ha detenido por períodos indefinidos a más de un millón de uigures, kazajos étnicos, kirguises étnicos y miembros de otros grupos minoritarios musulmanes en campos de internamiento”.
Según las investigaciones citadas, los campos de trabajo están diseñados “para erradicar identidades culturales y religiosas de los detenidos, y adoctrinarlos con la ideología del partido comunista chino (PCCh)”.
En un rosario de supuestas violaciones el informe señala que “los detenidos describen hacinamiento extremo, privación de sueño y alimentos, negligencia médica, abuso físico y psicológico (incluido lo que describen como tortura), trabajo forzado, ingestión forzada de drogas no identificadas, abuso sexual, abortos forzados, control de natalidad forzado, esterilización, renuncia forzada de religión, negación de la oración y otras prácticas religiosas (incluida la presión de consumir carne de cerdo o alcohol), negación del uso de sus idiomas nativos y verse obligado a estudiar y recitar propaganda del PCCh”.
Estados Unidos afirmas que hay pruebas de que algunos de los detenidos murieron en los campos de internamiento, o poco después de su liberación, como resultado de abuso y negligencia y que ahora se cree que estos abusos se han extendido más allá de Xinjiang, “con informes creíbles que afirman que las víctimas están siendo enviadas a otras provincias y sometidas a trabajos forzados y otras condiciones laborales abusivas"
Por tanto “todas las empresas estadounidenses deben revisar el asesoramiento y evaluar a fondo sus actividades comerciales y deben examinar el impacto que esta exportación de trabajo forzoso tiene en sus cadenas de suministro y, lo que es más importante, en su reputación”, dijo el subsecretario interino del DHS, Ken Cuccinelli, citado en el comunicado.