La decisión de Brasil de presentar cargos contra un caricaturista político ha sido recibida con burlas por expertos que dicen que las autoridades deberían enfocarse en atender los temas que los artistas satirizaron, incluyendo la pobre labor policial y un débil manejo de la pandemia, en lugar de tratar de silenciar a los medios.
El gobierno del presidente Jair Bolsonaro está investigando a cinco caricaturistas y un “bloguero” que se alega violaron la seguridad nacional.
El 15 de junio, el ministro brasileño de Justicia, André Mondonca, emitió una serie de tuits llamando a la policía federal y a los fiscales a investigar a Renato Aroeira por una ilustración publicada un día antes que mostraba a Bolsonaro usando una brocha de pintar con la que había transformado el símbolo médico de la Cruz Roja en una esvástika, el símbolo nazi.
Bolsonaro, quien previamente había dado positivo en una prueba del coronavirus, ha sido ampliamente criticado por desestimar a los expertos médicos en el manejo de Brasil de la pandemia, que se ha convertido en la peor del mundo, sólo superada por Estados Unidos.
Mendonca también pidió una investigación de Ricardo Noblat, un prominente periodista que tiene un blog semanal llamado Veja, por republicar la caricatura de Aroeira en su cuenta de Twitter.
El Ministerio de Justicia dice que la caricatura viola el Artículo 26 de la Ley de Seguridad Nacional, la cual criminaliza la calumnia y la difamación de jefes de Estado y contempla hasta cuatro años de prisión.
El partido de oposición, Red de Sostenibilidad, pidió que una corte suspendiera la investigación.
El pedido fue criticado por al menos un legislador, quien alegó en Twitter que al asociar al presidente con los nazis, la caricatura había sobrepasado los límites de la libertad de expresión.
En un caso separado, Folha de São Paulo reportó el 13 de junio que cuatro de sus caricaturistas, Alberto Benett, Laerte Coutinho, Joao Montanaro y Claudio Mor, fueron mencionados en una denuncia criminal presentada por Defensa PM, una asociación de policías militares.
Defenda PM dijo que las caricaturas, publicadas en diciembre del 2019, hicieron “pasar vergüenza” a sus miembros al representar un incidente de actividad policial que desató una estampida que resultó en muertes civiles.
El Ministerio de Justicia no respondió a correos electrónicos enviados por la VOA pidiendo sus comentarios.
La embajada de Brasil en Washington refirió a la VOA a un tuit del 15 de junio en la cuenta del secretario especial de Bolsonaro para redes sociales, el cual dice que las “acusaciones falsas de un crimen, son un crimen”.
"Noblat y el caricaturista están acusando al presidente del serio crimen de nazismo”, dice el tuit. “A menos que prueben su acusación, lo cual es imposible, incurren en una falsa acusación de un crimen y tendrán que responder por ese crimen”.
Grupos internacionales de derechos humanos condenaron la acción legal.
"Una característica de los gobiernos legítimos, Fuertes y seguros es su habilidad para soportar las burlas de un caricaturista insolente”, dijo a la VOA, Terri Anderson, director ejecutivo de la Red Internacional de los Derechos de Caricaturistas. “Evidentemente Brasil no tiene ese tipo de gobierno”.
Defenda PM dijo que caricaturas de diciembre del 2019 publicadas por Folha de São Paulo humillaron a sus miembros.
Las caricaturas fueron publicadas en reacción a una persecución policial el 1 de diciembre en Paraisopolis, la segunda más grande favela de Sao Paulo, en la que oficiales abrieron fuego cerca de una fiesta callejera de unas 5.000 personas, desatando una estampida que dejó nueve muertos.
Un reporte en enero del Instituto de Seguridad Pública de Rio de Janeiro, una organización de investigación subsidiada con fondos estatales, dijo que la policía fue responsable del 43 por ciento de las muertes violentas en ese estado en el 2019.
La agencia Reuters reportó el mes pasado que Brasil omitió quejas de violencia policial de su reporte anual de derechos humanos, desatando alegatos de encubrimiento de uso de fuerza excesiva por parte de la policía.
"La acusación criminal presentada por Defenda PM, una asociación de policías militares, contra cuatro caricaturistas del periódico Folha de São Paulo, es también un ejemplo de un intento de usar el sistema de justicia para intimidar y acusar a personas que expresan opiniones que deberían estar protegidas en una democracia”, dijo César Muñoz, un investigador del organismo estadounidense Human Rights Watch.
La Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo expresó preocupación de que altos funcionarios de justicia invoquen leyes de seguridad nacional para “defender al presidente de la República de caricaturas críticas de su gobierno”.
"Mientras cada ciudadano tiene el derecho legal a exigir compensación cuando siente que su honor ha sido mancillado, usar el poder del Estado y una ley creada durante un período oscuro de la historia del país es desproporcionado”, dijo la directora de la asociación de periodistas investigativos, Maria Esperidiao, aludiendo a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional bajo una junta militar en 1969.
"La estrategia sugiere que el verdadero objetivo era intimidar a la prensa y restringir la libertad de expresión”, dijo. “Por lo tanto, da la impresión que el Estado está usando su poder contra la sociedad civil”.
Anderson, de la Red de Caricaturistas, dijo que la serie de acusaciones criminales, y su momento en medio de una pandemia, representan la realización de una vieja preocupación de los miembros de su organización.
