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Defensoría del Pueblo solicita prohibición del salida del país para presidente de Ecuador


El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en visita al área de las protestas ocurridas en el país en octubre de 2019.

La solicitud del defensor del Pueblo de Ecuador se extiende también a otros ministros y funcionarios del gobierno del presidente Lenín Moreno.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador solicitó ante la Fiscalía General la prohibición de salida del país para el presidente Lenín Moreno, en relación con un informe sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en medio de las protestas de octubre de 2019.

La denuncia fue presentada por Freddy Carrión Intriago, quien pide que la prohibición se extienda a otros ministros y funcionarios del gobierno ecuatoriano.

Se trata, según comunicado de la entidad gubernamental, de supuestas violaciones a los derechos humanos “establecidas en el informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia”.

El dictamen busca retener a María Paula Romo, exministra de Gobierno, y Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa. A Romo, indica la denuncia, se le solicita también una orden de ubicación.

Tras la exposición de los argumentos, en un documento de 78 páginas, Carrión pidió protección para él y su familia.

“Ante las múltiples amenazas contra mi integridad física y la de mi familia, es fundamental contar con protección especializada para cumplir cabalmente mi función”, indicó el defensor.

La denuncia sostiene que en las protestas de 2019 hubo, “violaciones al derecho a la integridad personal con lesiones oculares graves, al derecho a la libertad personal, ejecuciones extrajudiciales, atentados contra el derecho a la vida y violencia sexual”.

En octubre de 2019 tras el anuncio de la subida en los precios de los combustibles, debido a la eliminación de los subsidios, estallaron las protestas en las que murieron 10 personas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país a solicitud del gobierno de Moreno y en un informe despachado poco después, determinó que de un total de 439 entrevistadas, registraron 380 testimonios de quienes reclamaban ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de otras afectaciones en el contexto de las protestas.

El gobierno de Ecuador consideró “subjetiva” la evaluación.

“La apreciación de la Comisión de Derechos Humanos la encontramos subjetiva porque no examina el contexto de las manifestaciones”, dijo el canciller ecuatoriano José Valencia.

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