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Archivos Nacionales: Trump llevó artículos clasificados a Mar-a-Lago


ARCHIVO - El presidente Donald Trump sostiene papeles mientras habla sobre el coronavirus en la sala de conferencias de prensa James Brady de la Casa Blanca, el 20 de abril de 2020 en Washington.
ARCHIVO - El presidente Donald Trump sostiene papeles mientras habla sobre el coronavirus en la sala de conferencias de prensa James Brady de la Casa Blanca, el 20 de abril de 2020 en Washington.

La ley federal aprobada en 1978 exige que los registros presidenciales sean propiedad del gobierno de Estados Unidos, en lugar del propio presidente. Destruir u ocultar documentos de manera intencionada es punible hasta con tres años de prisión.

Se encontró información clasificada en las 15 cajas de registros de la Casa Blanca que se almacenaron en la residencia Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, dijo el viernes la Administración Nacional de Archivos y Registros en una carta que confirmó que el asunto había sido enviado al Departamento de Justicia.

La carta de la agencia siguió a numerosos informes sobre el manejo de Trump de información sensible e incluso clasificada durante su tiempo como presidente y después de que dejó la Casa Blanca. La revelación también podría interesar a los investigadores federales responsables de vigilar el manejo de los secretos del gobierno, aunque el Departamento de Justicia y el FBI no han indicado que perseguirán el caso.

La ley federal prohíbe el traslado de documentos clasificados a lugares no autorizados, aunque es posible que Trump intente argumentar que, como presidente, él fue la autoridad final de desclasificación.

No importa el riesgo legal, lo expone a cargos de hipocresía dados sus implacables ataques durante la campaña presidencial de 2016 contra la oponente demócrata Hillary Clinton por su uso de un servidor de correo electrónico privado como secretaria de Estado. El FBI investigó, pero finalmente no recomendó cargos.

Trump negó recientemente los informes sobre la tenue relación de su administración con los Archivos Nacionales, y sus abogados dijeron que "continúan buscando registros presidenciales adicionales que pertenecen a los Archivos Nacionales".

Registros de redes sociales no conservados

La carta de los archivistas en respuesta al Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, que está investigando, también detalla cómo ciertos registros de redes sociales no fueron capturados y preservados por la administración Trump. Y también dice que la agencia se enteró de que el personal de la Casa Blanca con frecuencia realizaba negocios oficiales utilizando cuentas de mensajería no oficiales y teléfonos personales.

Ese personal no copió ni reenvió sus cuentas oficiales de mensajería, como lo exige la Ley de Registros Presidenciales, según la carta.

La carta también revela que los registros de papel adicionales que habían sido rotos por el ex presidente se encontraban entre los transferidos a los Archivos Nacionales.

"Aunque el personal de la Casa Blanca durante la administración Trump recuperó y grabó algunos de los registros rotos, una serie de otros registros rotos que fueron transferidos no habían sido reconstruidos por la Casa Blanca", dijo la carta.

Los legisladores también están buscando información sobre el contenido de las cajas recuperadas de Mar-a-Lago, pero la agencia citó la ley de registros para no divulgarlos.

La representante Carolyn Maloney, demócrata por Nueva York, presidenta del Comité de Supervisión, dijo en un comunicado el viernes que "estas nuevas revelaciones profundizan mi preocupación por el flagrante desprecio del ex presidente Trump por la ley de registros federales y el impacto potencial en nuestro registro histórico".

Agregó: "Estoy comprometida a descubrir toda la profundidad de las violaciones de la Ley de Registros Presidenciales por parte del ex presidente Trump y sus principales asesores y usar esos hallazgos para avanzar en reformas críticas y prevenir futuros abusos".

Los investigadores de la Cámara de Representantes buscarán ver si las acciones de Trump, tanto durante su presidencia como después, violaron la Ley de Registros Presidenciales, que se promulgó en 1978 después de que el ex presidente Richard Nixon quisiera destruir documentos relacionados con el escándalo Watergate.

La ley exige que los registros presidenciales sean propiedad del gobierno de Estados Unidos, en lugar del propio presidente. Un estatuto, punible con hasta tres años de prisión, convierte en delito ocultar o destruir intencionalmente los registros del gobierno.

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