La Casa Blanca dijo que Venezuela "fracasó notoriamente" en el cumplimiento de sus obligaciones bajo acuerdos anti-narcóticos internacionales.
Sin embargo, la declaración indica que el presidente está determinado a mantener los programas estadounidenses de ayuda a las instituciones democráticas de Venezuela, que está determinado a establecer proyectos selectos de desarrollo comunitario y determinado a fortalecer el sistema de partidos políticos del país.
El proceso, conocido como “certificación” requiere que el presidente tome en consideración la actuación de un país en áreas tales como reducción de la producción de narcóticos.
El presidente tiene la obligación de reportar anualmente al Congreso sobre aquellos países que el gobierno de Estados Unidos considera principales naciones productoras o de tránsito de drogas.
La lista para el presente año incluye a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.