Un juez desestimó una política del gobierno que requiere que los grupos de prevención del SIDA con sede en Estados Unidos formalmente denuncien casos de prostitución si desean recibir fondos públicos.
En su orden, el juez con sede en Nueva York dijo que las normas violan el derecho a la libre expresión. El Congreso federal aprobó una ley que contiene esas normas en 2003.
Los partidarios dijeron que esperaban reducir el comportamiento riesgoso asociado con la diseminación del VIH y SIDA.
Tres grupos apelaron esa ley. Una portavoz declaró a la VOA que la ley iba tan lejos como para restringir lo que esas organizaciones podían hacer con fondos colectados privadamente, así como con dinero que recibían del gobierno, y que eso obligó a los grupos a adoptar el punto de vista del gobierno como un asunto contencioso.
Los tres grupos gastan decenas de millones de dólares en programas internacionales vinculados al SIDA.