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Asamblea de Ecuador endurece penas de varios delitos y simplifica la extinción de dominio


ARCHIVO - Un soldado monitorea el tráfico de vehículos en el Puente de Unidad Nacional que conecta la ciudad de Durán con Guayaquil, Ecuador, 20 de julio de 2023. AP
ARCHIVO - Un soldado monitorea el tráfico de vehículos en el Puente de Unidad Nacional que conecta la ciudad de Durán con Guayaquil, Ecuador, 20 de julio de 2023. AP

Con el voto de los 132 legisladores presentes, el legislativo ecuatoriano dio paso a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que aumentan las condenas para 13 delitos especialmente ligados con la actividad de bandas criminales.

La Asamblea ecuatoriana aprobó este lunes el endurecimiento de penas para determinados delitos y la simplificación de los trámites para que los bienes mal habidos pasen a estar bajo el control del Estado, parte de las propuestas apoyadas mayoritariamente por los ciudadanos en una consulta popular en abril.

Con el voto de los 132 legisladores presentes, el legislativo dio paso a las reformas al Código Orgánico Integral Penal que aumenta las condenas para 13 delitos especialmente ligados con la actividad de bandas criminales.

Desde inicios de 2021 Ecuador registra una ola de violencia que según las autoridades es provocada por grupos de narcotráfico locales vinculados con cárteles de Colombia y México.

Entre las reformas aprobadas por los legisladores están el aumento de las penas para el delito de terrorismo, que se elevó de 10 a 26 años de prisión; la financiación de las actividades terroristas, que pasó de 22 y 26 años de cárcel; el tráfico de drogas, que subió de 13 a 26 años, y el secuestro que se elevó de 22 a 26 años de prisión.

La pena para sicariato subió de 26 a 30 años y la de delincuencia organizada de 22 a 26 años.

Según las autoridades en 2023 las muertes violentas sumaron 7.600, una tasa de 40 por cada 100.000 habitantes —una de las más altas del continente— en su mayoría causadas por el enfrentamiento entre bandas que buscan el control de las áreas de distribución de drogas o sus rutas de exportación.

En cuanto a la extinción de dominio de los bienes de personas dedicadas a actividades ilegales, los legisladores determinaron que ya no se necesitará una sentencia judicial para iniciar el traspaso de esos bienes al Estado, además de simplificar y acortar los plazos para ese trámite.

Tras la aprobación de la Asamblea el texto pasará al Ejecutivo que tiene 30 días para aprobarlo, rechazarlo o modificarlo.

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