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SIP pide a la OEA rechazar recomendaciones sobre la CIDH


Milton Coleman, presidente de la SIP, dijo que guardan la esperanza de que los estados de la OEA valoren la libertad de expresión.
Milton Coleman, presidente de la SIP, dijo que guardan la esperanza de que los estados de la OEA valoren la libertad de expresión.

El organismo alertó sobre las modificaciones que se han propuesto y que afectarían severamente las garantías de libertad de expresión en la región.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó este viernes a la próxima Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se realizará en Bolivia, que rechace una serie de recomendaciones que, a su juicio, pueden debilitar la libertad de expresión y los derechos humanos.

El organismo, que agrupa a medios y periodistas, advirtió a las naciones que integran la OEA que la defensa de los derechos humanos está en peligro por una serie de recomendaciones que buscan neutralizar la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Milton Coleman, presidente de la SIP y editor senior del periódico estadounidense The Washington Post, dijo que “pese a los legítimos asuntos que se discutirán, estamos preocupados por cualquier esfuerzo sobre propuestas de reforma que busquen restringir la independencia y eficiencia de la Comisión y su Relatoría”. Añadió que estas instituciones vienen jugando un papel crítico para mantener y expandir el derecho del público a la información, la libertad de prensa y de expresión.

La OEA celebrará su Asamblea General número 42, del tres al cinco de junio en la ciudad de Cochabamba, donde se decidirá sobre varias propuestas de reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos formuladas en enero de este año por un grupo intergubernamental.

Por su parte, la SIP, con sede en Miami, destacó que también se podría aprobar una propuesta del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para reformar el estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otorgarle a la Asamblea General poderes para redefinir las funciones de la Comisión y sus relatorías en materia de tramitación de casos.
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