Líder catalán pide mediación internacional en crisis con España
El Gobierno de Cataluña celebró una reunión a puerta cerrada el lunes para discutir los próximos pasos en su plan para declarar la independencia de España después de un referéndum disputado marcado por la violencia.
Puigdemont, dijo que tras el referéndum del domingo en el que una abrumadora mayoría votó a favor de la secesión, los catalanes se “han ganado el derecho a ser escuchados, respetados y reconocidos” y “a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república”.
La mayor crisis constitucional de España en décadas ha avivado los temores sobre más disturbios e inestabilidad política prolongada en la región más rica del país, profundizando una división entre Madrid y Barcelona que además amenaza las perspectivas económicas.
La crisis podría agudizarse si el parlamento regional catalán utiliza la votación como un argumento para emitir una declaración unilateral de independencia, una medida estipulada por la ley regional sobre referendos en caso de que se confirme que la mayoría de catalanes votó por la separación de España.
En fotos: Referéndum independentista de Cataluña
1/16Una mujer llora después de que los guardias civiles arrastraran a algunos votantes fuera de la entrada del centro deportivo, asignado como lugar de votación para el referéndum independentista catalán en Sant Julià de Ramis, cerca de Girona, el 1 de octubre de 2017.
Cientos de personas protestan después de votar en una escuela asignada como colegio electoral por el gobierno catalán en el barrio de Gracia en Barcelona, España, el 1 de octubre de 2017.
3/16Una mujer es lastimada por la Policía Nacional de España a las afueras de la escuela Ramon Llull, asignada como una mesa de votación por el gobierno catalán en Barcelona, 1 de octubre de 2017.
Una mujer besa una papeleta antes de depositar su voto en una mesa electoral para el referéndum de independencia prohibido en Barcelona, España, el 1 de octubre de 2017.
La policía antidisturbios española dispara balas de goma directamente a las personas que tratan de llegar al sitio de votación asignado para votar en Barcelona, el 1 de octubre de 2017.
Una mujer muestra una boleta a un oficial de la Guardia Civil española fuera de una mesa de votación para el referéndum de independencia prohibido en Sant Julia de Ramis, el 1 de octubre de 2017.
7/16La gente ofrece flores a un guardia civil en la entrada de un centro deportivo, asignado como una mesa de votación para el referéndum independentista dirigido por el gobierno catalán en Sant Julià de Ramis, cerca de Girona, el 1 de octubre de 2017.
Los guardias civiles alejan a la gente de la entrada de un centro deportivo, asignado como mesa de votación por el gobierno catalán en Sant Julià de Ramis, cerca de Girona, el 1 de octubre de 2017.
9/16El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, habla a los medios de comunicación en un centro deportivo, asignado como mesa de votación por el gobierno catalán en Sant Julià de Ramis, cerca de Girona, el 1 de octubre de 2017.
La policía antidisturbios de España elimina las vallas que impiden que la gente llegue a una escuela asignada como mesa de votación por parte del gobierno catalán en Barcelona, el 1 de octubre de 2017.
Oficiales de la Guardia Civil española rompieron una mesa de votación designada para el referéndum de independencia prohibido en el que se pensaba que el presidente Catalan Carles Puigdemont votaría en Sant Julia de Ramis, el 1 de octubre de 2017.
Los manifestantes agitan banderas españolas durante una manifestación a favor de España unificada el día del referéndum de independencia prohibido en Cataluña, en Madrid, el 1 de octubre de 2017.
13/16La Policía Nacional impide que las personas ingresen a una escuela asignada a una mesa de votación por parte del gobierno catalán en Barcelona, el 1 de octubre de 2017.
14/16La gente hace cola para votar en una escuela programada para ser una mesa de votación por parte del gobierno catalán en Barcelona, España, el 1 de octubre de 2017.
Los oficiales catalanes de Mossos d'Esquadra caminan mientras acampan a la entrada de la escuela primaria ocupada de Reina Violant, una de las mesas designadas, antes del referéndum de independencia del 1 de octubre prohibido en Barcelona.
“Esto no es un asunto doméstico. Que hace falta una mediación es evidente”, dijo Carles Puigdemont en una rueda de prensa el lunes. “No queremos una ruptura traumática (...) Nos queremos re entender con el Estado español sobre la voluntad expresada por la gente”, sostuvo.
Las imágenes de la policía utilizando bastones y balas de goma para detener el referendo conmocionaron a España, elevando las tensiones en torno a un tema que hasta ahora había sido enfrentado de forma pacífica, al tiempo que generó la condena de la comunidad internacional.
Autoridades dijeron en su último reporte que al menos 900 personas resultaron heridas.
A pesar de los llamados a mediación, Puigdemont, que de todas maneras impulsó el referendo en desafío de una orden judicial, dijo que la votación era válida y vinculante, por lo que el resultado debía ser concretado.
Sus comentarios abrieron la puerta a una posible declaración de independencia dentro de unos días, aunque ésta sería rechazada de inmediato por el Gobierno central de Madrid, que ha calificado el proceso como una farsa.
Con el 95 por ciento de las urnas contabilizadas, las autoridades catalanas dicen que el “sí” -a favor de la independencia- obtuvo un 90,1 por ciento de las preferencias, en base a una participación de 2,26 millones de personas de entre 5,34 millones de votantes registrados.
El resultado no fue una sorpresa, ya que se esperaba que quienes respaldan la continuidad de la unión con España ignoraran el referendo y se quedaran en casa. Sondeos de opinión indican que sólo el 40 por ciento de los catalanes está a favor de la independencia.
En otras partes de España, el movimiento independentista de Cataluña fue sumamente criticado y dio paso a manifestaciones durante el fin de semana en favor de la unidad en muchas ciudades, desde Zaragoza a Madrid.
Los comentarios de Puigdemont representan un desafío para el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien tiene la autoridad constitucional para remover a la administración regional y ubicar a Cataluña bajo supervisión de Madrid hasta la realización de nuevas elecciones.