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Amnistía Internacional exhorta al congreso hondureño a rechazar reforma que criminaliza el aborto


Mujeres marchan en Tegucigalpa el 25 de enero de 2021 para protestar contra la decisión del Congreso que fortalece la prohibición constitucional del aborto y los asesinatos por violencia masculina.

Otros colectivos afirman que la medida aumenta la situación de desigualdad y discriminación por razones de género en el país.

Después de que el Parlamento de Honduras aprobara una reforma a la Constitución del país para blindar la prohibición absoluta del aborto, organismos humanitarios como Amnistía Internacional se han pronunciado en rechazo a la medida.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que la reforma es una “violación a los derechos humanos”, en especial a “los derechos sexuales y reproductivos”.

Los cambios al artículo 67 de la Constitución pretenden impedir que el aborto pueda ser legal ahora y en el futuro en el país centroamericano.

De acuerdo con Rosas si el Congreso y el presidente Juan Orlando Hernández ratifican el texto, imposibilitaría que se presente una ley de despenalización del aborto “bajo cualquier circunstancia o hasta que se garantice el acceso a la contracepción de emergencia”.

“En vez de seguir por el camino de la criminalización y los abortos clandestinos, Honduras debe seguir el ejemplo de Argentina y poner fin a una ley que atenta contra la salud pública y los derechos humanos de miles de mujeres y niñas cada año”, puntualizó Rosas.

Otros organismos levantan la voz

En un comunicado conjunto, colectivos hondureñas e internacionales rechazaron la reforma que busca “prohibir cualquier forma de interrupción de la vida” incluyendo casos de violaciones o malformaciones.

Las entidades, entre las que destaca la ONU, afirman que Honduras está obligado jurídicamente, por ser Estado firmante de varios instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

En un comunicado, publicado por las Naciones Unidas en su cuenta de Twitter, el organismo expresa "su preocupación" por el tema y reitera que la reforma constitucional "contraviene las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, pues impide el abordaje de un problema de salud pública que la penalización del aborto en todas sus modalidades ya provoca".

Puntualizó, además, que la reforma puede "aumentar la situación de desigualdad y discriminación por razones de género en el país".

Por su parte el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla de Honduras sostuvo que la ley es una sentencia para “niñas, adolescentes y mujeres" al empujarlas al aborto "en condiciones de clandestinidad e inseguridad”.

Honduras es uno de los seis países de la región que prohíbe el aborto en todas las circunstancias. Los otros son El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam.

Amnistía Internacional destaca que en los últimos 25 años más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Sudáfrica, Uruguay y Argentina han modificado sus respectivas legislaciones, reconociendo que el acceso al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de los derechos, la vida, la salud y la autonomía de las mujeres y niñas.

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