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La CIDH alerta de medidas que "amenazan" la libertad de expresión en Nicaragua


Los dos proyectos de ley impulsados por el mandatario Daniel Ortega (en la imagen) han llamado la atención de gobiernos e instituciones internacionales, que las han rechazado por atentar contra las libertades individuales en Nicaragua.
Los dos proyectos de ley impulsados por el mandatario Daniel Ortega (en la imagen) han llamado la atención de gobiernos e instituciones internacionales, que las han rechazado por atentar contra las libertades individuales en Nicaragua.

A la par de diversas organizaciones de derechos humanos, la CIDH ha salido a mostrar su preocupación por dos leyes que el gobierno de Daniel Ortega se alista a presentar para su aprobación en la Asamblea Nacional.

De manera conjunta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifestaron el miércoles su preocupación por la inminente aprobación en Nicaragua de sendas leyes que "amenazan" con cortar las libertades de los periodistas.

Los mecanismos regionales de observación de los derechos humanos, emitieron un comunicado denunciando los tropiezos legales que se avecinan para la prensa en el país centroamericano.

El documento resalta la preocupación “por la escalada represiva en Nicaragua marcada por el envío a la Asamblea Nacional de dos proyectos de ley que amenazan seriamente el ejercicio de la libertad de expresión, la imposición de sanciones fiscales contra medios de comunicación y el hostigamiento judicial contra periodistas”.

Se trata de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, que, entre otras reglamentaciones exige a quienes reciben fondos desde el exterior a inscribirse como “agentes extranjeros” y, por otro lado, sanciona a quienes expresen sus diferencias con el gobierno de Daniel Ortega, incluso por medio de las redes sociales.

Las dos comisiones firmantes del comunicado aseguran haber recibido información sobre violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, y mencionan los casos del embargo a Nicavisión S.A., propietaria del Canal 12, y el de la condena a la periodista de radio La Costeñísima, Kalúa Salazar.

“El uso del derecho penal como mecanismo para perseguir a quienes expresan opiniones, información o críticas a autoridades o políticas del gobierno, así como sobre temas de interés público, genera un efecto de amedrentamiento que limita la libertad de expresión”, concluye el mensaje de la CIDH.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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