Cada vez que la abogada de derechos humanos María Oviedo visita el Complejo Judicial de Managua, la embarga una sensación de temor por la creciente curva de contagios de COVID-19 en Nicaragua.
Oviedo trabaja para la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua, la única organización que existe con personalidad jurídica en el país desde abril de 2018, cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega canceló los permisos a otros organismos de derechos humanos.
La abogada desde entonces ha defendido a los presos detenidos por razones políticas. Actualmente y en medio del nuevo coronavirus, Oviedo continúa asistiendo a audiencias y juicios por otras personas recién capturadas, pero teme por su vida.
La razón, según explica, es que en Nicaragua los procesos judiciales prosiguen con normalidad y tras reportarse los primeros casos de coronavirus, las autoridades no tomaron medidas para prevenir el contagio del personal, ni tampoco de los reclusos.
Es por esa razón que Oviedo y el colectivo de abogados donde trabaja tomaron ciertas medidas por su cuenta para protegerse de la pandemia.
“Al inicio no existía ni siquiera conciencia de que el virus estaba matando personas; entonces nosotros como abogados defensores de presos políticos teníamos que seguir asistiendo a las distintas audiencias y juicios, pero nos encontrábamos de que ninguno del personal administrativo, ni siquiera el mismo juez tenían algún tipo de protección”, dice Oviedo.
“Al inicio había un descuido total de parte del sistema público y en el complejo judicial se burlaban de nosotros cuando nos veían con mascarillas y alcohol gel”, agrega Oviedo.
Métodos para interponer denuncias han cambiado
En la Comisión de Derechos Humanos, las recepciones de denuncias también han cambiado para prevenir los contagios del personal, o al menos minimizar los riesgos.
Marcos Carmona, director de esta organización, quien tiene más de 40 años de experiencia, relata a la Voz de América que han habilitado otros métodos para que la ciudadanía interponga sus denuncias.
Correos electrónicos, una aplicación móvil y la habilitación de líneas telefónicas han servido de apoyo para que este grupo defensores de derechos humanos en Nicaragua sigan haciendo su trabajo.
“Tenemos semanas de no movilizar al equipo, por seguridad, a la casa de los denunciantes; por ahora tenemos una aplicación móvil en donde las personas pueden interponer denuncias, luego un equipo jurídico monitorea los casos”, dice Carmona.
“Hay un monitoreo constante. Es duro el trabajo, pero mientras tengamos la voluntad, la Comisión de Derechos Humanos va a continuar”, agregó.
Deben suspenderse los juicios
La abogada María Oviedo indica que semanas después de la burla de la que fue objeto, se reportaron reclusos contagiados y parte del personal del sistema judicial, por lo que comenzaron a tomar medidas.
Según datos de asociaciones de presos políticos, al menos 36 reclusos sufrieron los síntomas de COVID-19, de los cuales solamente uno recibió atención médica por su condición delicada de salud.
“El gobierno tiene que tomar una postura más determinable y responsable y debe ser ya. No bastan esas medidas. Deben suspenderse los juicios. El gobierno tiene que asumir un rol de tutela para sus ciudadanos para evitar que las personas siguen muriendo”, dice Oviedo.
Poder Judicial: Nicaragua no retarda la justicia por la pandemia
Mientras tanto, en una nota publicada en el sitio web del Poder Judicial de Nicaragua hace un mes, las autoridades destacaron que el país era el único de Centroamérica donde no se han paralizado las actividades judiciales y alegaban tomar las medidas necesarias de prevención.
“Pese a la pandemia que azota al mundo y contrario a lo que ocurre en el resto de los países de Centroamérica y América Latina, Nicaragua es el único país de la región que no ha paralizado las actividades del sistema de administración de justicia, en gran parte gracias a las medidas preventivas adoptadas por la Corte Suprema de Justicia”, dice parte del comunicado emitido por el Poder Judicial.
En Nicaragua “no se ha detenido la administración de la justicia y se respetan los derechos y garantías constitucionales de los procesados y de las víctimas, un acceso a la justicia que no se ha garantizado en otros países”, dijo en ese entonces la magistrada Martha Lorena Quezada Saldaña.
