El subsecretario interino del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo el domingo que el gobierno del presidente Daniel Ortega niega a los nicaragüenses el acceso a la información.
En un mensaje el domingo en su cuenta de Twitter, el funcionario estadounidense se refirió a la orden de un juez de embargar los bienes de la empresa Nicavisión, que representa al medio televisivo Canal 12, crítico del gobierno, por una supuesta deuda fiscal que ascendería al medio millón de dólares.
La medida fue catalogada de “arbitraria y excesiva” de parte de los directivos de la empresa, que la denunciaron en una nota de prensa divulgada el sábado en sus redes sociales.
“Producto de un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de impuestos sobre la renta del año 2011- 2012 y 2012 -2013 (y) actuando de manera excesiva e ilegal, el juez embargó además la totalidad de los bienes personales de nuestro administrador Mariano Valle”, denunció la directora de Nicavisión, Carolina Valle.
La Dirección General de Ingresos también impuso una orden a Canal 10, la estación televisiva más vista en Nicaragua, y le comunicó que el gobierno espera el pago de 110 millones de córdobas, unos tres millones de dólares, aunque aún no se ha ejecutado una orden para el embargo de sus bienes.
Guillermo Medrano, miembro de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, exigió al gobierno de Nicaragua respetar el libre ejercicio de la labor periodística en Nicaragua.
“Nos solidarizamos por este nuevo ataque feroz por parte del gobierno de Nicaragua en contra de la prensa independiente. Basta ya de acoso y persecución a periodistas y medios de comunicación independientes”, dijo Medrano.
La presión fiscal sobre estas dos empresas pone en riesgo las únicas voces críticas a la gestión de Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, en la televisión nacional.
Sin embargo, el gobierno no solo ha centrado sus acciones en los medios de comunicación. El sector privado denunció que más de 200 empresas enfrentan una situación similar, que catalogaron como un “terrorismo fiscal”.
Haydee Castillo, representante de la organización Nicaragüenses en el Exilio le dijo a la Voz de América el lunes que, inmediatamente recibieron la información sobre el embargo, la compartieron a toda la comunidad internacional.
"Nosotros consideramos que es una muestra más de que la dictadura no está dando ninguna concesión y, muy por el contrario, está avasallando la libertad de prensa y la libertad de expresión, y esto también nos obliga a todos, a unirnos en esta demanda internacional de que se desconozca al régimen y la comunidad internacional cobre conciencia de que estamos con un régimen totalmente ilegítimo porque ha roto con todo el orden constitucional".
Durante un evento virtual, en el que su organización firmó un "acuerdo de unidad" con la organización Conexión Nica USA, Castillo agregó que continuarán haciendo las denuncias respectivas y envió su solidaridad a todos los medios de comunicación.
Por su parte, Oswaldo León, también de Conexión Nica-USA calificó la situación como una de las "patadas de ahogado de un régimen que ya está con esto prácticamente aboliendo todos los medios independientes de prensa en Nicaragua".
(Daliana Ocaña, Karen Sánchez y Houston Castillo colaboraron en esta información)
