El presidente chileno, Sebastián Piñera, salió al paso el jueves a las críticas desatadas por declaraciones que hizo a la cadena CNN sobre una supuesta intervención extranjera en el estallido social de octubre y el origen de ciertos videos divulgados por la prensa que revelaron violaciones de derechos humanos.
En la entrevista, transmitida parcialmente el 15 de diciembre y completa el 22 de diciembre por CNN en español, Piñera habló de una “campaña de desinformación, de noticias falsas, de montajes para crear una sensación de desorden y de una crisis total”.
Mencionó que hubo “participación de gobiernos e instituciones extranjeras”, y que algunos videos relacionados con violaciones a los derechos humanos difundidos en los medios chilenos y extranjeros eran falsos y filmados fuera de Chile o tergiversados.
La reacción a los comentarios de Piñera tomaron fuerza en la prensa chilena, al punto que el fiscal nacional de Chile, Jorge Abbott, afirmó el jueves que todos los videos sobre violencia policial en manifestaciones que ha analizado el Ministerio Público fueron grabados en el país.
El fiscal dijo que la veracidad de los registros que reciben a través de distintos canales, como redes sociales o los números de Whatsapp dispuestos especialmente para ello, es analizada constantemente.
La portavoz del gobierno, Karla Rubilar, salió el jueves a explicar las palabras de Piñera, diciendo que “hay que ser extremadamente cuidadosos dentro de las noticias porque dentro de estos 60 y tantos días hemos tenido imágenes de policías con vulneraciones de derechos humanos de otros países y también de vulneración de derechos humanos de Chile, pero de otro contexto y de otros años”.
El propio Piñera publicó por la noche un mensaje de Twitter en el que explicó sus comentarios.
Varios organismos internacionales veladores de los derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunciaron excesos policiales y violaciones graves en Chile durante las protestas de octubre, pero también admitieron que las autoridades y las fuerzas de policía (carabineros) chilenas cooperaron totalmente en sus investigaciones.
Las manifestaciones, detonadas el 18 de octubre por un alza en el precio del transporte, han dejado al menos 26 muertos, miles de heridos y detenidos, además de cuantiosos daños materiales por saqueos, incendios y destrozos a infraestructura pública y privada.
Las protestas se ampliaron poco a poco para incluir quejas por las bajas pensiones y salarios, el alto costo de la vida y los abusos de las fuerzas de seguridad.
Piñera, quien pasó a ser el presidente de Chile más impopular desde el retorno a la democracia en 1990, con un 12% de apoyo durante las protestas, prometió hacer reformas y apurar los pasos para la convocatoria para redactar una nueva Constitución.
