Una preocupación expresada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el retraso en el proceso de identificación de las víctimas de una matanza en El Salvador en 1981 refleja la falta de acceso a la justicia en el caso, dice el encargado de una organización no gubernamental.
La resolución de la CIDH, emitida el 28 de noviembre y conocida este mes, da un plazo de tres meses a partir de enero para que se agilice la identificación y la entrega de los restos de las víctimas de la matanza de El Mozote exhumados en 2016.
Para el director ejecutivo de la ONG Oficina de Tutela Legal de El Salvador, Ovidio Mauricio, se trata de un problema de acceso a la justicia.
“El Estado en sus discursos habla que han cumplido el 85 por ciento de las recomendaciones la corte Internacional, lo cual no es cierto. No puede haber un 85 por ciento ni un 50 por ciento, porque una de las recomendaciones principales es el acceso a la justicia por parte de las víctimas”, dijo Mauricio.
Según los registros oficiales, hasta 2021 solamente se había logrado identificar a unas 60 víctimas de la matanza ocurrida en el cantón El Mozote, en el oeste de El Salvador, pero esta cifra abarca exhumaciones anteriores a 2016 que estuvieron a cargo de antropólogos argentinos con la participación de la Fiscalía General de El Salvador y del Instituto de Medicina Legal.
En El Salvador está pendiente la aprobación de una ley de justicia transicional para las víctimas de crímenes de guerra, y según la legisladora Claudia Ortiz, del Partido VAMOS, es una deuda en la que el Congreso debe trabajar este año.
“Su servidora ha instado de manera contundente que se invite a las víctimas, a las organizaciones que representan a las víctimas, que tienen años de estar luchando por tener una ley adecuada que les permita tener acceso a la justicia”.
A raíz de cambios en la ley de la carrera judicial, aprobada por el Congreso, el juez Jorge Guzmán, que llevó la investigación de este caso hasta la etapa de instrucción, fue reemplazado.
Recientemente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar López, dijo que la investigación continúa con la traducción de documentos relacionados a la causa que desclasificó y entregó el gobierno de Estados Unidos al Estado salvadoreño.
Se calcula que alrededor de 1.000 civiles fueron asesinados en El Mozote por una unidad del Ejército salvadoreño durante la guerra civil que sacudió al país desde 1979 a 1992.
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