El Congreso de Colombia aprobó una reforma a la justicia propuesta por el presidente Juan Manuel Santos, que ha generado gran controversia porque según analistas, los cambios de último momento que se le aplicaron al documento favorecen la impunidad frente a los delitos que puedan cometer los legisladores.
No obstante, Juan Carlos Esguerra, el ministro de justicia de Colombia, aseguró que la reforma no favorece a legisladores que estén siendo investigados por nexos con grupos armados al margen de la ley y agregó sólo podrán ser detenidos cuando se termine una investigación en su contra y se dicte una acusación formal.
Esguerra también admitió que la reforma tiene algunos errores con los que el gobierno no está de acuerdo, pero resaltó que sí ampliará la cobertura de la justicia en el país y ayudará a descongestionar los procesos en trámite.
Sin embargo, la polémica por la reforma a la Justicia en Colombia, continúa porque la violación del régimen de inhabilidades ya no será causa de pérdida de investidura para senadores y representantes.
Adicionalmente, se estaría violando el proceso que requiere una reforma constitucional, con la introducción de nuevos puntos a último momento que no fueron discutidos en plenarias, según el presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández.
Viviane Morales, exfiscal General de la Nación, dijo a Caracol radio que la reforma es el "ejercicio del cinismo institucional", y señaló que "todas las investigaciones a los políticos, que tenía la Fiscalía van a pasar a conocimiento de sólo tres magistrados de la Corte, lo que quiere decir que la impunidad va a volver".
Por su parte, el senador partido de oposición Polo Democrático Alternativo, (PDA) Luis Carlos Avellaneda, la reforma a la Justicia aprueba que el Congreso se auto-habilite para que los funcionarios con problemas judiciales puedan permanecer en su cargo.
Asimismo las denuncias en contra de los aforados no podrán ser anónimas y quienes presenten demandas de pérdida de investidura deberán pagar los costos del proceso.
El PDA anunció este jueves que demandará e impulsará un referendo para derogar la reforma a la justicia, y el anunció no tardó en generar eco en un grupo de jóvenes politólogos que, a través del hashtag ‘#SeMueveLaContraReforma’ en Twitter, convocó a una movilización para apoyar el referendo revocatorio e instar a los ciudadanos a tomar acciones.
Los jóvenes también invitan a la población a participar de una jornada pedagógica este domingo 24 de junio en la que ellos explicarán de qué se trata la reforma a la justicia para conformar un comité de comunicaciones.
No obstante, Juan Carlos Esguerra, el ministro de justicia de Colombia, aseguró que la reforma no favorece a legisladores que estén siendo investigados por nexos con grupos armados al margen de la ley y agregó sólo podrán ser detenidos cuando se termine una investigación en su contra y se dicte una acusación formal.
Esguerra también admitió que la reforma tiene algunos errores con los que el gobierno no está de acuerdo, pero resaltó que sí ampliará la cobertura de la justicia en el país y ayudará a descongestionar los procesos en trámite.
Sin embargo, la polémica por la reforma a la Justicia en Colombia, continúa porque la violación del régimen de inhabilidades ya no será causa de pérdida de investidura para senadores y representantes.
Adicionalmente, se estaría violando el proceso que requiere una reforma constitucional, con la introducción de nuevos puntos a último momento que no fueron discutidos en plenarias, según el presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández.
Viviane Morales, exfiscal General de la Nación, dijo a Caracol radio que la reforma es el "ejercicio del cinismo institucional", y señaló que "todas las investigaciones a los políticos, que tenía la Fiscalía van a pasar a conocimiento de sólo tres magistrados de la Corte, lo que quiere decir que la impunidad va a volver".
Por su parte, el senador partido de oposición Polo Democrático Alternativo, (PDA) Luis Carlos Avellaneda, la reforma a la Justicia aprueba que el Congreso se auto-habilite para que los funcionarios con problemas judiciales puedan permanecer en su cargo.
Asimismo las denuncias en contra de los aforados no podrán ser anónimas y quienes presenten demandas de pérdida de investidura deberán pagar los costos del proceso.
El PDA anunció este jueves que demandará e impulsará un referendo para derogar la reforma a la justicia, y el anunció no tardó en generar eco en un grupo de jóvenes politólogos que, a través del hashtag ‘#SeMueveLaContraReforma’ en Twitter, convocó a una movilización para apoyar el referendo revocatorio e instar a los ciudadanos a tomar acciones.
Los jóvenes también invitan a la población a participar de una jornada pedagógica este domingo 24 de junio en la que ellos explicarán de qué se trata la reforma a la justicia para conformar un comité de comunicaciones.
