Abordar la desinformación y los discursos de odio en las plataformas digitales ha puesta en la mesa de debates a los representantes de las principales tecnológicas como Google y META junto a oficiales de gobiernos, académicos y de organizaciones de sociedad civil que reclaman un mayor protagonismo de estas para controlar el raudal de contenidos “maliciosos” que circulan por el ciberespacio con las redes sociales como multiplicadores.
En el marco del congreso 'Por un Internet confiable' se celebró la primera cita de este miércoles y jueves en París, para abordar la problemática de la desinformación en la redes sociales que para, Audrey Azoulay, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), representa un serio “peligro”.
Las teorías conspirativas siempre han existido -sostiene- pero al momento reviste importancia revisar el efecto multiplicador del “complotismo” y el papel de “la desinformación y la lógica de los algoritmos que pueden llegar a ser un verdadero peligro”, dijo Azoulay al abrir la conferencia global.
Las compañías tecnológicas defienden su papel y dicen que en una década se han presentado “avances sustanciales” gracias al trabajo constante en mejorar los procesos de controles internos.
Alexandria Walden, jefa global de derechos humanos de Google, dijo en la primera conferencia auspicida por UNESCO para abordar el problema con unos 3.000 participantes de todo el mundo, que “es un momento importante establar este diálogo”.
Defendió que Google fue la primera en exponer documentos internos de su trabajo, retirar datos por derechos de usuarios, y agilizar los procesos de cooperación con los gobiernos.
“Hemos evolucionado si lo vemos desde hace 10 años, tenemos informes y este es todo un recorrido y una andadura” donde la empresa ha aprendido mucho y sobre todo, enfatizó Walden, la tecnológica no actúa con “rigidez” para afrontar soluciones a los problemas planteados.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos revisa estos días una demanda contra Google por permitir con sus algoritmos la distribución de mensajes para fomentar el terrorismo, luego que la familia de Nohemí González, joven estudiante universitaria que pereció en un atentado en Paris, argumenta que los terroristas compartían información de este buscador que potenciaban sus algoritmos a otros fanáticos.
También esta empresa tecnológica enfrenta una demanda interpuesta por el gobierno de Estados Unidos en base a la Ley Antimonopolio bajo argumentos del Departamento de Justicia de que ha actuado durante 15 años con practicas permiciosas en diferentes nivales.
Nighat Dad, directora de la Fundación de Derechos Digitales y miembro de la Junta de Supervisores de Meta dijo que incluso con los avances logrados “se necesitará de más tiempo” para irse acoplando a los esfuerzos intersectoriales para mejorar las prácticas.
Su oficina –apuntó- impulsa a Meta, propietaria de Facebook y otras redes sociales como WhatsApp e Instagram, para la rendición de cuentas y para la moderación de contenidos, pero en este punto destaca, que será difícil establecer un “un mecanismo general” pues la experiencia en todo el mundo les indica que se tiene que profundizar en las pautas.
Capítulo aparte -señaló Dad- es el papel interesado que podrían jugar algunos gobiernos al impulsar legislaciones para “controlar” los efectos de las redes sociales, un tema que discurrió a lo largo de la jornada en los diferentes debates temáticos.
Karim Ibourki, ex presidente del ente Regulador Europeo y miembro del Consejo Superior Audiovisual de Bélgica, cree que el debate debe orientarse a crear mecanismos de “regulación mínima” de las plataformas digitales que engloban las redes sociales.
“Creemos que debe haber una regulación mínima, porque con el tiempo [las redes sociales] han adquirido un papel preponderante en el debate público y hemos visto también abusos en sus comportamientos”, dijo Karim Ibourki.
Este funcionario europeo apunto a que las plataformas digitales deben actuar con mayor transparencia porque es claro que a partir de la experiencia de los últimos años, hay un claro riesgo incluso para la estabilidad democrática.
Ante la narrativa de algunas plataformas que apelan a que la regulación plantea riesgos para el modelo de empresa y la libertad de expresión y sobre todo a la información sensible de las compañías, este experto apunta lo contrario.
“No estoy convencido que los riesgos superen los riesgos por la falta de transparencia, nosotros tratamos casos de confidencialidad, puertas para adentro de las empresas, pero de cara al público, no veo porque debe frenarse la transparencia”,
Otras aristas del debate han llevado a señalar los millonarios recursos que año con año adquieren estas empresas tecnológicas con el modelo de negocios de venta de datos de los usuarios, y la escasa inversión de las compañías es campañas de educación para los usuarios.
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