Luego de varios días presentando quejas por un supuesto incremento del acoso a sus sedes diplomáticas en la capital boliviana, el gobierno de México dijo el jueves que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para que sus instalaciones diplomáticas en Bolivia sean respetadas por el gobierno de "facto" del país andino.
El gobierno mexicano ha denunciado desde hace varios días un incremento, que calificó como "exagerado", de la vigilancia policial alrededor de su embajada en La Paz, reportó la agencia Reuters.
Este mismo día el gobierno azteca citó a la encargada de negocios de Bolivia a un encuentro para que brinde una explicación por la situación denunciada.
"La integridad de una representación de México es parte de nuestro territorio", dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard durante la conferencia de prensa matutina de López Obrador.
Ebrard afirmó que se recurrirá a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ante el "incumplimiento de obligaciones internacionales" del gobierno interino de Jeanine Añez, una exsenadora y opositora a Morales.
En tanto la canciller de Bolivia, Karen Longaric, calificó el anuncio como "una falacia jurídica", argumentando que no se puede instaurar una demanda por hechos no probados o por presunciones y que sería rechazada inmediatamente por dicha Corte.
"Creo que se van a retractar de esa decisión, deberían retractarse, porque ninguna fuerza policial ha ingresado a los recintos diplomáticos de México ni ha violado la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas", afirmó.
Longaric dijo además en su cuenta de Twitter que "Bolivia quiere relaciones amistosas con México basadas en la no injerencia en los asuntos internos".
La canciller boliviana exigió igualmente que México "debe entregar a los acusados por delitos comunes", en referencia a los asilados en la sede mexicana en La Paz.
Solicitud de protección
En el comunicado emitido este jueves por la parte Boliviana, el gobierno interino de Áñez explicó en varios puntos el motivo de la presencia policial en la sede diplomática mexicana.
Bolivia dijo que “el resguardo de esa legación” responde “a solicitudes por esa representación” los días 15, 19 y 29 de noviembre.
El gobierno boliviano aseguró que los servicios de inteligencia tienen información de que “aún existen grupos que pretenderían ingresar a la residencia para tomar represalias sobre todo en contra del exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana”.
Bolivia dijo estar extrañada de las acusaciones del canciller Ebrard debido a que “fue su representante quien pidió el resguardo correspondiente en las tres ocasiones”.
El gobierno boliviano concluyó que mantendrá la protección, incluso cuando allí hay personas “que deben rendir cuentas ante la justicia boliviana por acusaciones de sedición y terrorismo”, a quienes acusó de recibir protección del gobierno del presidente de México, Manuel A. López Obrador.
Litigio entorno a legación diplomática
México concedió en noviembre la condición de asilo político al expresidente boliviano Evo Morales tras su renuncia por las protestas generadas en las pasadas elecciones de octubre, donde hubo denuncias de fraude. El exmandatario está ahora como refugiado en Argentina.
El gobierno de transición en Bolivia ha rechazado la postura de México y lo ha acusado de entrometerse en los asuntos internos de la nación andina. La canciller, Karen Longaric, dijo recientemente que no asistirá a la cumbre de la CELAC organizada en México y prevista para comienzos de enero.
El miércoles, el gobierno mexicano había llamado a las autoridades de Bolivia a detener el "hostigamiento y la intimidación" a su personal diplomático en la ciudad La Paz.
Las quejas de México sobre una mayor vigilancia policial alrededor de su embajada comenzaron el lunes.
"México reitera su exigencia al Estado Plurinacional de Bolivia para que cumpla con sus obligaciones internacionales, garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento", afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.
De acuerdo con la estatal Agencia Boliviana de Información, autoridades de esa nación explicaron en la víspera que la mayor vigilancia busca resguardar el inmueble debido a que alberga a los aliados de Morales.
México dijo el miércoles que actualmente nueve personas se encuentran bajo su protección en la sede diplomática, entre ellas cuatro sobre las que pesan órdenes de aprehensión. Entre estos está Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, y otros cinco exministros.
Maximiliano Reyes, subsecretario de la cancillería para América Latina, subió en la medianoche del pasado martes a su cuenta de Twitter fotos de patrullas que, según dijo, estaban llegando en esos momentos “a las inmediaciones” de la sede diplomática y que, a su juicio, suponen un “asedio” al lugar.
Poco antes, el funcionario aludió a "los planes de intervención" tanto a ese inmueble como a la embajada y dijo que México se encontraba en "alerta permanente ante las acciones de hostilidad" en su contra, hechos que este país denunció el lunes ante la Organización de Estados Americanos y que Bolivia niega.
En un comunicado emitido el martes por la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México responsabilizó a las autoridades bolivianas lideradas por la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Añez, de cualquier afectación a sus inmuebles, al personal acreditado en el país y a quienes tiene bajo su protección.
El miércoles, la cancillería mexicana hizo un llamado a su contraparte boliviana a facilitar los salvoconductos necesarios para que los acogidos en su sede diplomática puedan salir del país.
El viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Willson Santamaría, insistió en que no dejarán que nadie ayude a "fugitivos" a salir del país.
"Hemos tomado las previsiones necesarias para que los dispositivos de seguridad rastreen y detecten inmediatamente cualquier ayuda, complicidad, para coadyuvar a que los fugitivos abandonen el país", dijo el martes. "Eso no lo vamos a permitir", agregó.
