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El DHS definirá consistencia de “carga pública” a solicitantes de estatus legal en EE. UU.


Beneficiarios del TPS y sus familiares marcharon en Washington D.C. para pedir al gobierno de Joe Biden un solución permanente a su situación.

El Departamento de Seguridad Nacional ajustará el procedimiento para definir “carga pública” luego de consulta abierta con las partes interesadas y regular el concepto de la misma en los procedimientos migratorios.

WASHINGTON DC - La aplicación de la regla de “Carga Pública” para los solicitantes de ajuste de estatus legal en Estados Unidos entrará en proceso de revisión para adjudicarla de manera equitativa, según el plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que abre el procedimiento de consulta que concluirá el 22 de octubre.

En la nota de avance del Registro Federal de este miércoles –a publicarse este 9 de septiembre- el DHS avisa de la apertura del proceso de consulta pública para que los interesados, organizaciones o individuos emitan opinión sobre el procedimiento.

“El DHS tiene la intención de proponer una regla que sea totalmente compatible con la ley; que refleje la evidencia empírica en la medida en que sea relevante y esté disponible; que sea claro, justo y comprensible tanto para los oficiales como para los no ciudadanos y sus familias”, opina la agencia en el memorando.

El departamento que brega con el tema migratorio considera que una resolución clarificada de la regla conducirá a adjudicaciones justas y consistentes en todo el sistema, sobre todo para los funcionarios que revisan las peticiones de los solicitantes de ajuste de estatus legal en el país.

Y evitará por tanto “un trato desigual de quienes se encuentran en una situación similar; y que de otra manera no impondrá barreras indebidas a los no ciudadanos que buscan la admisión o el ajuste de estatus en los Estados Unidos. El DHS también tiene la intención de garantizar que su propuesta reguladora no cause miedo indebido entre las comunidades de inmigrantes ni presente otros obstáculos para que los inmigrantes y sus familias accedan a los servicios públicos disponibles para ellos”, dice el aviso.

La administración del presidente Joe Biden considera también importante hacer estos cambios de cara a los estragos de la pandemia de COVID-19 y del impacto a largo del coronavirus, así como su efecto económico en la potencia del norte.

En abril de este año el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) alertó de había detenido la aplicación de la Regla Final de Carga Pública con cambios en los formularios que se habían diseñado para implementarla durante la administración del expresidente Donald Trump, seguida de numerosas querellas judiciales.

La anterior administración Trump aprobó para implementar la “Inadmisibilidad por Motivos de Carga Pública” a partir del 14 de agosto de 2019, pero luego de litigios en cortes federales no pudo entrar en vigencia sino hasta el 24 de febrero de 2020.

La polémica regla consistía en una prueba para que los solicitantes de estatus legal en Estados Unidos tanto dentro como de fuera del territorio con la residencia permanente por primera vez, pudieran demostrar que no necesitarían beneficios públicos en el futuro y retroactivo para aquellos que en algún momento hubieran recibido asistencia social.

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