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EE. UU. : reforma en El Salvador se presta para “censurar a los medios”.


El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una ceremonia para colocar la primera piedra de un paso elevado de tráfico, en Santa Tecla, El Salvador, 1 de febrero de 2022. REUTERS/José cabezas
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una ceremonia para colocar la primera piedra de un paso elevado de tráfico, en Santa Tecla, El Salvador, 1 de febrero de 2022. REUTERS/José cabezas

El gobierno de Estados Unidos está “preocupado” por la reforma al Código Penal de El Salvador, que criminaliza a quienes reproduzcan mensajes alusivos a las pandillas, dijo el domingo el secretario de Estado, Antony Blinken. El diplomático aseguró que la medida, criticada por organismos internacionales, se presta para “censurar a los medios”.

“La ley se presta a los intentos de censurar a los medios, prevenir que se informe sobre corrupción y otros asuntos de interés público y de silenciar a los críticos del gobierno salvadoreño”, argumentó Blinken en un comunicado.

“Los periodistas deben tener la libertad de hacer sus trabajos sin miedo a la violencia, amenazas o detenciones injustas”, añadió el diplomático.

La ley castiga hasta con 15 años de cárcel a quienes “elaboren o reproduzcan mensajes, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas”. A su vez, la medida sanciona a quienes a través de “medios de comunicación” que difundan mensajes originados o “presuntamente originados” por los grupos criminales que “pudieran generar zozobra y pánico en la población”.

La reforma ha sido criticada por organizaciones en defensa de la libertad de prensa, que la califican de una forma de “criminalizar” el periodismo en el país centroamericano.

El Secretario de Estado también expresó preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano y pidió al gobierno del presidente Salvador Bukele “enfrentar la amenaza mientras se protegen las libertades civiles, incluyendo la libertad de prensa, el debido proceso y la libertad de expresión”.

Para combatir la alarmante violencia que abate a este país centroamericano, a iniciativa de Bukele, el Congreso aprobó la semana pasada el estado de excepción, que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de su arresto, así como a la asistencia de un abogado.

El presidente Bukele, además, mantienen en emergencia las cárceles, donde por orden de Bukele más de 20.000 pandilleros permanecen en sus celdas “sin poder ver ni un rayo del sol”; Les decomisaron las colchonetas para dormir y les racionaron la comida a solo dos al día.

Organismos de derechos humanos han pedido a la OEA y gobierno de la región que condenen de manera unánime al gobierno de Bukele por la serie de medidas tomadas en respuesta al aumento de la violencia.

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