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EEUU sanciona a miembros de cártel mexicano por fraude


Un vehículo de la marina conduce a lo largo de una calle en la ciudad costera de Barra de Navidad, en Jalisco a lo largo de la costa del Pacífico de México, el 25 de mayo de 2012.
Un vehículo de la marina conduce a lo largo de una calle en la ciudad costera de Barra de Navidad, en Jalisco a lo largo de la costa del Pacífico de México, el 25 de mayo de 2012.

Las sanciones están dirigidas a personas que cometieron fraude vendiendo propiedades de tiempo compartido. Muchas de las víctimas son estadounidenses en edad de retiro que perdieron los ahorros de su vida.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones el jueves contra miembros o colaboradores del Cártel Jalisco Nueva Generación que, al parecer, incursionaron en un negocio secundario de fraude de tiempo compartido que presuntamente tenía como objetivo a estadounidenses de edad avanzada.

Ryan Donner, un agente de bienes raíces en el destino turístico de Puerto Vallarta, en la costa mexicana del Pacífico, dijo que el fraude era poco frecuente pero muy sofisticado.

El cártel es mejor conocido por la producción de millones de dosis del opioide letal fentanilo y de su trasiego hacia Estados Unidos, haciéndolo pasar por medicamentos como Xanax, Percocet u oxicodona. Ese tipo de pastillas causan alrededor de 70.000 muertes por sobredosis al año en Estados Unidos.

Pero los miembros y colaboradores del cártel aparentemente decidieron diversificarse y estafar por millones de dólares a personas que querían vender sus tiempos compartidos en México. La estafa se centró en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco y que es una zona dominada por el cártel. Conocido por sus siglas CJNG, el grupo inspira tanto miedo en México que a menudo se la conoce simplemente como “las cuatro letras”.

La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro impuso sanciones a Eduardo Pardo Espino —prófugo de una acusación de narcotráfico en Estados Unidos_, así como a otras seis personas y a 19 empresas turísticas o inmobiliarias mexicanas. Las sanciones congelan cualquier activo que las personas o empresas tengan en Estados Unidos y prohíben a los ciudadanos o empresas estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos.

Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, declaró que “la profunda implicación del CJNG en el fraude de tiempos compartidos en la zona de Puerto Vallarta y en otros lugares, que a menudo tiene como objetivo a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada y puede defraudar a las víctimas los ahorros de toda su vida, es una importante fuente de ingresos que sustenta las actividades delictivas en general del grupo”.

Los estafadores se ponían en contacto con personas, a menudo estadounidenses, para vender propiedades de tiempo compartido en Puerto Vallarta.

En una alerta emitida en 2023, el FBI dijo que los estafadores se ponían en contacto vía correo electrónico con los potenciales vendedores para decirles que tenían a un comprador a la espera, pero que el vendedor tenía que pagar impuestos u otras cuotas antes de que el acuerdo pudiera llevarse a cabo. Al parecer, una vez que se pagaba el dinero, los tratos se evaporaban.

Según el informe del FBI, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet de la agencia recibió en 2022 “más de 600 denuncias con pérdidas de aproximadamente 39,6 millones de dólares de víctimas que fueron contactadas por estafadores en relación con tiempos compartidos de su propiedad en México”.

Donner, agente de Ryan Donner & Associates, una empresa de bienes raíces en Puerto Vallarta, dijo que, en los últimos dos años, dos personas que aparentemente habían sido contactadas por los estafadores habían solicitado la asistencia de su compañía.

“No es frecuente, pero sí ha ocurrido”, comentó Donner, quien en ambos casos pudo disuadir a las personas antes de que realizaran algún pago.

Donner dijo que los estafadores enviaban a los posibles vendedores contratos falsos y documentos con apariencia oficial de la autoridad fiscal mexicana en los que aparentemente se decía que se debían pagar impuestos por la posible venta.

“Tienen contratos, tienen documentos que parecen ser documentos oficiales, sería muy fácil caer en la trampa de pagarles”, explicó Donner.

“Si una empresa se pone en contacto con alguien para decirle que tiene un comprador para una propiedad y que lo único que necesita es dinero, eso es una enorme señal de alarma de que se trata de algún tipo de estafa”, dijo Donner. “Así no es como suelen trabajar las empresas”.

Añadió que ni él ni las posibles víctimas se dieron cuenta que un cártel del narcotráfico podría estar involucrado.

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