El Salvador: Denuncian 147 arrestos arbitrarios y 5 muertos bajo régimen de excepción

La organización defensora de derechos humanos Cristosal denunció 147 arrestos arbitrarios y cinco muertes injustificadas durante el régimen de excepción impuesto en El Salvador a petición del presidente Nayib Bukele.

“Los sistemas de Monitoreo y de Protección de Derechos Humanos de Cristosal han identificado diversos patrones de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades policiales, militares y del sistema de justicia durante el régimen de excepción”, citó el organismo en un comunicado de prensa.

El documento, que hace una evaluación sobre diferentes violaciones a los derechos humanos durante los primeros 30 días de haber sido aplicada la medida por parte del gobierno salvadoreño, menciona que han procesado 147 casos de arrestos arbitrarios y cinco personas detenidas muertas bajo custodia policial.

De acuerdo con Cristosal, los detenidos sufren “tratos crueles, inhumanos, degradantes y reiteradas violaciones a las garantías judiciales mínimas” en sus procesos.

El organismo hizo énfasis que tanto el régimen de excepción aprobado el 27 de marzo, como su prorroga “no están acordes con la Constitución” y que la medida es “un mecanismo excepcional que debe ser usado en situaciones extremas y en forma temporal”.

Anteriormente el presidente Bukele, dijo que durante los miles de detenciones realizadas casi a diario, había un margen de error de cerca "del 1 %”.

"Podemos esperar que también haya un 1 % de error” publicó el mandatario en su cuenta de Twitter, cuando el país apenas reportaba 8.500 arrestos, cifra que a la fecha es más de doble y alcanza las 21.024 detenciones, según la Policía Nacional Civil.

El Congreso de El Salvador, en su mayoría afin a Bukele, ha aprobado una serie de leyes que limitan los derechos fundamentales de la población, como el derecho a defensa o la presunción de inocencia.

Otras reformas han aumentado las penas en prisión de los supuestos miembros de pandillas y sus colaboradores. Además, ahora los jueces pueden juzgar y condenar como adultos a menores de hasta 12 años.

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