Un juez de San Salvador emitió el miércoles órdenes de captura a escala nacional e internacional contra el expresidente salvadoreño Mauricio Funes, varios de sus familiares y algunos exfuncionarios vinculados a una red de corrupción que malversó 351 millones de dólares.
La Fiscalía General detalló que la orden de captura del juez Salomón Landaverde es contra 15 personas que siguen prófugas y no tuvieron representación legal en la audiencia inicial y que se presume han salido del país. A otras 17 personas implicadas en la trama ya se les decretó prisión preventiva.
El Jefe de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos, Jorge Cortez, explicó que el juez Landaverde ordenó a la policía salvadoreña que "proceda al arresto de estas personas dentro del territorio nacional", pero también pidió a la Interpol que haga las gestiones correspondientes y se inicie el proceso respectivo para poder elevar a la categoría de difusión roja las ordenes de captura.
"El juez ha establecido en su resolución que existe, con certeza, una probable comisión de delitos de parte de los acusados, entre los cuales destaca el expresidente Funes", manifestó el fiscal Cortez.
Funes será procesado por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos.
El expresidente, su compañera de vida Ada Mitchelle Guzmán Sigüenza y dos de sus hijos, que también son requeridos por la justicia salvadoreña, están en Nicaragua desde 2016 donde recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega.
El Fiscal General, Douglas Meléndez, aseguró que fueron "hasta 292 millones (de dólares) de los fondos retirados en efectivo del (estatal) Banco Hipotecario" y que "este procedimiento se había retirado en efectivo... en cantidades millonarias en físico a través de bolsas negras para la basura".
Según la Fiscalía, Funes gastó 4,5 millones de dólares en viajes de placer a distintas partes del mundo, pagando también boletos de avión para sus familiares y de los de su compañera de vida.
Durante la investigación se encontraron 14 inmuebles en el país que son propiedad de Funes, pero que están a nombre de testaferros y han dado con otras propiedades a su nombre en Estados Unidos.
Funes, de 58 años y que llegó al poder postulado por el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es el tercer expresidente salvadoreño procesado por el supuesto desvío de fondos públicos.
En noviembre de 2017, un tribunal civil condenó a Funes por enriquecimiento ilícito y le ordenó devolver el dinero al Estado. En la misma resolución, la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador condenó a su hijo, Carlos Mauricio Funes Cañas, por el mismo delito e inhabilitó a Funes para ocupar cargos públicos por los próximos diez años.
El expresidente Francisco Flores (1999-2004) murió en enero de 2016 cuando se encontraba bajo arresto domiciliario a la espera de un juicio por el supuesto desvío de 15 millones de dólares en 2001.
Por su parte, Tony Saca, que gobernó entre 2004 y 2009, está siendo procesado por el presunto desvío de al menos 246 millones de dólares y según las autoridades de ese monto unos 116 millones fueron cobrados en efectivo y remitidos a cuentas particulares de empleados de Casa Presidencial y luego trasferidos a cuentas y empresas, algunas de Saca.
