Es engañoso que el régimen de excepción en El Salvador haya permitido “saborear” por fin la paz, como dijo en su discurso a la nación el presidente Nayib Bukele el pasado 1 de junio.
La medida del régimen de excepción, aprobada en marzo de 2022 tras una ola de violencia ocasionada por las pandillas, ha permitido reducir la tasa de homicidios de 36 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 7,8 en 2022, según datos de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, ha estado salpicada por denuncias de violaciones a los derechos humanos, entre las que destacan las muertes de reos bajo custodia del Estado.
En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, transmitido por Facebook y Twitter, el mandatario salvadoreño dijo: “Ahora, el régimen de excepción, también aprobado por esta asamblea, nos ha permitido saborear al fin la paz, por primera vez desde que tenemos memoria”. Bukele no dio cifras o datos sobre cómo su gobierno mide la paz.
La transmisión en vivo alcanzó más de 5.500 espectadores en Twitter, además de superar las 70.000 vistas en Facebook. En la mañana del 2 de julio, el discurso tenía 198.500 visualizaciones en Twitter, con más de 800 comentarios y 3.000 retweets.
La medida del régimen de excepción solicitada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y aprobada por la Asamblea de El Salvador ha logrado desarticular las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, que por años estuvieron enquistadas en los barrios más peligrosos del país centroamericano, un hecho que aprueba la mayoría de los salvadoreños, según encuestas. Un estudio reciente arrojó que 8 de cada 10 salvadoreños aprueban el régimen de excepción.
El 75,7 % desconoce los derechos que suspende la medida.
Organizaciones de la sociedad civil como Cristosal, Socorro Jurídico y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), entre otras, han documentado hasta el 29 de mayo 3.357 denuncias de violaciones de derechos humanos y hasta 3.491 personas vulneradas de sus derechos como resultado del régimen de excepción. Nueve de cada 10 de esas denuncias han sido por detenciones arbitrarias, y el resto por allanamiento ilegal de la morada y malos tratos.
“No se puede hablar de paz con tantas denuncias de violaciones a derechos humanos en el régimen de excepción", dijo a la Voz de América Wilson Sandoval, abogado y coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la organización FUNDE, con sede en San Salvador. "Pero la narrativa de que hay paz ha ido calando en la población, que considera que hay paz y que esta depende de Bukele. El gobierno parece vender una paz que es contraria al concepto de derechos humanos”, agregó.
Según Sandoval, no se puede hablar de paz mientras haya personas en las cárceles sin derecho a defenderse, malos tratos y torturas al interior de las prisiones, y muertes.
“Esos elementos no son característicos de una paz verdadera y sostenida. Paz no es excluir derechos humanos”, agregó.
En los 13 meses que lleva vigente el régimen de excepción la Policía salvadoreña ha encarcelado a 69.812 personas. Al menos 5.000 han sido liberados por no probárseles delitos relacionados a pandillas, explicó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro a mediados de mayo, sin dar detalles de las condiciones de los liberados.
Según la organización de derechos humanos Cristosal, con sede en San Salvador, uno de los datos más alarmantes es que 153 reos han muerto bajo custodia del Estado salvadoreño, según un informe sobre el primer año del régimen de excepción. La organización documenta patrones de violencia usados al interior de los penales.
“Cuando el Estado restringe la libertad de una persona, limita el ejercicio de otros derechos, por lo que se vuelve garante de los derechos a la vida, integridad personal, salud, alimentación, entre otros. (...) Las muertes ocurridas al momento de la detención, dentro de los centros penales y por falta de atención médica, pueden constituirse en ejecuciones extralegales por la responsabilidad estatal, por acción u omisión”, dice el informe de Cristosal publicado el 29 de mayo.
Los casos relatados por Cristosal revelan que las familias de personas privadas de libertad durante el régimen de excepción continúan sin obtener información sobre las condiciones de sus familiares detenidos, o la fecha y causa de muerte e los fallecidos. De los 153 reos muertos en el último año, ninguno había sido condenado.
El informe de Cristosal profundiza en las prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes infringidos “a miles de personas detenidas” en El Salvador. Según la organización, El Salvador supera las 105.000 personas privadas de libertad, colocándose como el país con más reclusos a nivel mundial comparado con su población total.
“Las condiciones a las que son sometidas las personas privadas de libertad son propias de tratos crueles, inhumanos y degradantes, debido a que sufren hacinamiento extremo, falta de alimentación, asistencia y servicios de salud y medicamentos; a lo que se suman prácticas de tortura, golpizas, castigos, encierro permanente sin acceso a luz solar”, detalla el informe.
Expertos de las Naciones Unidas solicitaron a finales de mayo que se derogara inmediatamente el estado de excepción, al considerar que “el gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó el viernes su preocupación por la extensión del régimen de excepción y pidió al gobierno de Bukele que investigue todas las muertes en las cárceles
Reducción de homicidios
Aunque oficialmente la tasa de homicidios se redujo a 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2022, según datos de la Policía Nacional Civil, la cifra ha sido cuestionada dado que se omiten en sus reportes las muertes de supuestos integrantes de pandillas.
Infodemia, una organización verificadora de El Salvador, reveló en junio de 2022 que el gobierno de Bukele manipulaba las cifras de homicidios para sumar días sin homicidios y las comparaba con administraciones pasadas donde sí se tomaban en cuenta las muertes de presuntos delincuentes.
A inicio de 2023, la especialista e investigadora en violencia, seguridad ciudadana y pandillas Jeannette Aguilar, así como Douglas Farah, líder de una empresa de consultoría en temas de seguridad en Latinoamérica, confirmaron a VOA que en términos de estadísticas, las autoridades han suprimido a las víctimas de intervención del Estado y la policía.
El Informe “La desaparición de personas en El Salvador: el continuum de la impunidad”, del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos, ha revelado que durante la administración del presidente Nayib Bukele se han cometido un estimado de 6,240 desapariciones (2019-2021).
A continuación exponemos otras frases trascendentales en los temas de seguridad y corrupción que dijo el presidente Nayib Bukele y VOA verificó:
- “Los cabecillas tenían moteles, bares, pero también panaderías, talleres de carros y hasta sus propias funerarias para hacer de la muerte un negocio redondo. Y aunque la gente buena en las comunidades no fuera parte de ellas, la actividad de las pandillas afectaba en todos los aspectos de su vida, quisieran o no”.
Resultado: Cierto
Entre 2016 y 2018, la Fiscalía salvadoreña destapó a través del caso “Operación Jaque” el poder de las pandillas tanto a nivel económico como operativo en El Salvador. Ese ha sido uno de los mayores golpes del Estado a las finanzas de estas estructuras.
En 2016, las autoridades de El Salvador revelaron a BBC que la organización criminal movía un estimado de 25 millones de dólares anuales.
InSight Crime reveló en 2022 parte de las operaciones y los negocios de la Mara Salvatrucha (MS13), entre los que destacan empresas de gas, panaderías, venta de drogas y cerveza.
- “Tuvimos que crear nuestro propio método, sin permitir que nadie, nacional o extranjero, nos ordenara qué hacer, sin tener que cumplir compromisos bajo la mesa, porque los únicos poderes detrás de nosotros han sido, desde siempre, Dios y el pueblo”.
Resultado: Engañoso
Una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 13 cabecillas de la Mara Salvatrucha que salió a la luz en febrero de este año detalla que dos funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele pactaron en secreto con cabecillas de pandillas la reducción de homicidios en El Salvador a cambio de beneficios para los criminales, esto antes del régimen de excepción. El medio de comunicación El Faro reveló que la matanza de salvadoreños que provocó el régimen de excepción, en marzo de 2022, se dio por la ruptura de ese acuerdo.
Ante la opinión de la comunidad internacional en el tema, Bukele ha reiterado que sus políticas actuales en torno a la seguridad solo le competen al Estado salvadoreño.
- “No importa si robó hace uno, cinco o 30 años, porque les recuerdo que los delitos de corrupción ya no prescriben. Vamos a ir tras cada corrupto en este país. No nos va a temblar la mano para obligarlos a pagar el daño que han causado al pueblo salvadoreño, así como no nos ha temblado para erradicar las pandillas. No vamos a titubear para erradicar la corrupción”.
Resultado: Engañoso
Desde septiembre de 2021, los delitos relacionados a corrupción no prescriben, a petición del presidente Bukele y tras la aprobación de la bancada oficialista en la Asamblea. De modo que delitos como enriquecimiento ilícito pueden ser juzgados en el país centroamericano aunque se hubiesen cometido hace 30 años. Sin embargo, el discurso no concuerda con las decisiones adoptadas en su gobierno. En junio de 2021, Bukele rompió el acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) que mantenía con la OEA, luego de que el organismo internacional hiciera públicos 12 avisos de casos de corrupción en el gobierno de Bukele.
De igual manera, la Fiscalía no ha dado a conocer si los funcionarios y exfuncionarios de la administración de Bukele nombrados en la Lista Engel del Departamento de Estado de EEUU de actores “corruptos y antidemocráticos” tienen expedientes abiertos para investigación.
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