El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que tomaría acciones militares en las diferentes ciudades y estados del país si las autoridades estatales y locales no controlan las protestas que han surgido en los últimos días rechazando la muerte de una hombre afroestadounidense en custodia policial.
Para poder hacerlo, el presidente tendría que invocar una ley federal llamada la Ley de Insurrección de 1807, que permite al presidente desplegar el ejército para “suprimir, en cualquier estado, la insurrección, violencia interna, asamblea o reunión ilegal”.
Si se despliega, sería la primera vez que los miembros del servicio militar en servicio activo fueran llamados a actuar en medio de los desórdenes civiles dentro de las fronteras de Estados Unidos desde los disturbios de Los Ángeles en 1992.
La ciudad de California estalló en caos el 29 de abril de 1992, después de que un jurado encontró a cuatro policías de Los Ángeles no culpables de la golpiza a un hombre afroestadounidense que fue filmada por un espectador y transmitida en todo el mundo.
Los miembros del servicio activo también se desplegaron dentro del país para mantener la paz y mantener el orden en la década de 1950 durante la desegregación, en los disturbios de Detroit en 1967 y después de la muerte del líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. en 1968.
Para invocar la ley el presidente debe emitir una orden para ordenar a los “insurgentes” dispersarse en un tiempo limitado. “Si la situación no se resuelve por sí sola, el presidente puede emitir una orden ejecutiva enviando a las tropas”, según explica un informe del Servicio de Investigación del Congreso.
La ley fue reformada en el 2006, durante el huracán Katrina, expandiéndola para incluir los “desastres naturales, epidemias y otras emergencias de salud serias, ataques terroristas e incidentes”.
Todos los gobernadores de ese entonces criticaron la reforma a ley, ya que la vieron como una toma de poder presidencial con el fin de suprimir el poder de los estados y aumentar el papel de los militares en los asuntos internos, según un ensayo publicado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Berkeley.
