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Se intensifica controversia sobre si juicio político a Trump es constitucional


Los gerentes demócratas designados entregan el artículo de juicio político al Senado que acusa de incitación a la insurrección al expresidente Donald Trump, en Washington, el 25 de enero de 2021. [AP]

Si bien ningún expresidente ha sido juzgado antes, existe un precedente para el juicio político de un exfuncionario de alto nivel. En 1876, el Senado juzgó al exsecretario de Guerra William Belknap por cargos de corrupción después de determinar que tenía jurisdicción sobre exfuncionarios.

Tres veces en la historia de Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha acusado a un presidente, y cada vez que el Senado ha votado a favor de absolverlo. La última vez fue hace un año, cuando el entonces presidente Donald Trump fue acusado de intentar presionar al presidente de Ucrania para afectar a su rival político, el entonces candidato presidencial demócrata Joe Biden.

Trump hizo historia nuevamente este mes, cuando se convirtió en el primer presidente en ser acusado por segunda vez. En esta ocasión por el cargo de instigar a sus partidarios a asaltar el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero para evitar que el Congreso certificara la victoria electoral de Biden sobre Trump.

El nuevo cargo de juicio político de incitar a una insurrección fue aprobado por la Cámara el 13 de enero, una semana antes de que Trump dejara el cargo. Pero con el Senado listo para juzgar formalmente al expresidente a partir del 9 de febrero, una controversia constitucional gira en torno a si el Senado puede juzgar y condenar a un expresidente.

La pregunta no es académica. El miércoles, 45 de los 50 republicanos del Senado organizaron un intento fallido de descarrilar el juicio a Trump al cuestionar su constitucionalidad en un debate y votación nominal.

Su razonamiento: una vez que un presidente está fuera de su cargo, se convierte en un ciudadano privado y no puede ser juzgado y condenado incluso si ya ha sido acusado por la Cámara. Es un argumento que se espera que usen los abogados de Trump mientras presionan por la absolución del expresidente.

"Los ciudadanos privados no son llevados a juicio político", dijo el senador Rand Paul, un republicano por Kentucky y un firme partidario de Trump. "El juicio político es para la destitución del cargo, y el acusado aquí ya dejó el cargo".

Sin embargo, la cuestión de si se puede juzgar a un expresidente sigue sin resolverse e incluso quienes cuestionan su constitucionalidad reconocen que hay espacio para el debate.

Senado sigue confirmando gabinete de Biden a espera del juicio político a Trump
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"Hay una variedad de opiniones, aunque prácticamente todos los académicos que han escrito sobre este tema han dicho que es una cuestión muy cercana", escribió Jonathan Turley, profesor conservador de Derecho en la Universidad George Washington, en su blog personal el miércoles después de la sesión informativa de senadores republicanos sobre los aspectos constitucionales e históricos del juicio político.

Keith Whittington, profesor de política de la Universidad de Princeton, dijo que no hay consenso sobre el tema entre los juristas, ya que pocos habían considerado la cuestión antes del segundo juicio político de Trump y la consiguiente controversia constitucional.

"Es uno de esos tipos de preguntas que está en la periferia del poder de juicio político, e incluso las personas que han escrito sobre el poder de juicio político tienden a no escribir sobre este tema específico", dijo Whittington en una entrevista.

El debate

La Constitución de Estados Unidos establece que "el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de Estados Unidos ... serán destituidos de su cargo" si son declarados culpables de "traición, soborno u otros delitos y faltas graves".

En la lectura de Turley, la frase "el presidente" significa el ocupante actual de la Casa Blanca y sugiere que solo un presidente en ejercicio puede ser llevado a juicio político.

"En el segundo juicio político de Trump, el presidente será Joe Biden, no Donald Trump", escribió Turley.

Además, el profesor emérito de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, señaló que en los casos de juicio político, la Constitución exige la "destitución del cargo y la descalificación" para ocupar el cargo, no la "destitución del cargo o la descalificación". En otras palabras, la descalificación presupone la destitución y, dado que Trump no fue destituido de su cargo, no está sujeto a descalificación.

“El texto de la Constitución parecería sugerir fuertemente que los redactores pretendían que el juicio político se usara solo para la remoción de un funcionario en funciones y una vez removido, también podría descalificarlo”, dijo Dershowitz en una entrevista. "Pero nunca tuvo la intención de usarse simplemente como un medio de descalificación futura como se usa hoy".

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una demócrata de California, dijo que los miembros de la Cámara no tenían más remedio que acusar a Trump y buscar su condena como una forma de evitar que se postulara nuevamente para un cargo federal después de que el entonces vicepresidente Mike Pence rechazara los llamados de los demócratas para que invocar la Enmienda 25 a la Constitución para destituir a Trump de su cargo. Trump ha indicado que quiere postularse para la reelección en 2024.

Otros académicos argumentan que la destitución y la descalificación son dos "aspectos" separados del poder de juicio político, lo que significa que un presidente puede ser descalificado para ocupar un cargo en el futuro incluso si no ha sido obligado a dejar el cargo.

Alan Dershowitz habla con reporteros en el Capitolio en Washington, miércoles 29 de enero de 2020. [Foto: AP]
Alan Dershowitz habla con reporteros en el Capitolio en Washington, miércoles 29 de enero de 2020. [Foto: AP]

"Esto significa que los exoficiales siguen sujetos al poder de juicio político después de dejar el cargo, con el fin de permitir la imposición del castigo de inhabilitación", escribió un grupo de juristas en una carta abierta reciente en apoyo al juicio del Senado.

Whittington señaló que la Constitución no "prohíbe explícitamente" la acusación de un expresidente. La descalificación tampoco depende de "ser un funcionario en el momento del juicio político", dijo.

Antecedentes históricos

Otro punto de discordia entre los académicos que debaten la constitucionalidad de juzgar a un expresidente es el silencio de la Constitución de Estados Unidos sobre si los exfuncionarios pueden ser acusados.

Según Whittington, los redactores de la carta de Estados Unidos tomaron prestado el "poder de acusación" de la práctica parlamentaria británica y las constituciones estatales, que permitieron la acusación y el juicio de exfuncionarios.

“Entonces, cuando le confiaron al Congreso el poder de acusar, parte de lo que vino con eso fue la posibilidad de acusar a exfuncionarios del gobierno acerca de cómo se comportaron mientras estaban en el cargo”, dijo Whittington.

Para Dershowitz, sin embargo, la mera ausencia de cualquier referencia a la acusación de un expresidente sugiere que los redactores se oponían a la idea.

“Fácilmente podrían haber agregado una disposición que dijera que un expresidente podría ser acusado y el presidente del tribunal supremo lo presidiría. Ellos no hicieron eso”, dijo Dershowitz.

¿Existe un precedente?

Si bien ningún expresidente ha sido juzgado antes, existe un precedente para el juicio político de un exfuncionario de alto nivel. En 1876, el Senado juzgó al exsecretario de Guerra William Belknap por cargos de corrupción después de determinar que tenía jurisdicción sobre exfuncionarios.

Aunque la votación final no alcanzó la mayoría de dos tercios requerida para condenar a Belknap, algunos académicos se han aferrado al caso para argumentar que el Senado tiene jurisdicción sobre un expresidente.

Pero Dershowitz dijo que el caso Belknap y el juicio de Trump no son análogos. Por un lado, Belknap renunció antes de ser acusado. En segundo lugar, no era presidente. Y tercero, finalmente fue absuelto "en gran parte" porque muchos senadores creían que el Senado carecía de poder para juzgar a un exmiembro del gabinete.

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