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El 2021 ha sido el año más trágico para el sistema carcelario del Ecuador, aquejado por la violencia extrema de bandas criminales que han sembrado terror. El gobierno puso en vigencia un estado de excepción, que finalizó en las últimas horas. Néstor Aguilera nos amplía.
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Con chaleco antibalas, casco y fuertemente custodiada, la ministra de Gobierno ecuatoriana, Alexandra Vela, recorrió diversas zonas de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, escenario de sangrientos motines en septiembre y noviembre pasados.
El propósito de la funcionaria fue -en el último día del estado de excepción decretado hace tres meses- constatar las condiciones del reclusorio y determinar hasta qué punto se alcanzó el control del lugar, donde operan peligrosas bandas armadas.
((Alexandra Vela, Ministra de Gobierno 00:27 - 00:37))
((“Tanto las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional, van a permanecer ejerciendo el control en este centro penitenciario y en todos los demás”)).
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La violencia extrema llevó al gobierno a conformar -hace menos de dos semanas- una comisión de diálogo penitenciario y pacificación, con nueve expertos de Ecuador, Colombia y Estados Unidos que trabajarán durante seis meses.
((Nelsa Curbelo, Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación 00:50 - 01:02))
((“Para lograr una moratoria, una tregua, a la violencia que azota a las cárceles y que repercute en las calles, en los barrios, en la sociedad, en el país todo”)).
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Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, considera que el estado de excepción no ha servido de nada y que las medidas aplicadas no obedecen a políticas públicas.
((Mauricio Alarcón, Director Ejecutivo Fundación Ciudadanía y Desarrollo 01:12 - 01:29))
((“Todas las decisiones son coyunturales, son producto de hechos que se dan y a manera de reacción, lo cual -precisamente- trae las consecuencias que hemos vivido durante ese 2021. Lo óptimo es crear un verdadero sistema de rehabilitación social”)).
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La violencia extrema también motivó -a principios de mes- una visita al país de una misión de la CIDH. Al cierre, anunció la entrega de recomendaciones técnicas para enfrentar la crisis carcelaria como “problema de Estado”.
Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
