Enlaces para accesibilidad

Gobierno de Nicaragua rechaza comisión de la OEA para resolver crisis en el país 


La creación de esta comisión es un mandato establecido en la resolución sobre Nicaragua aprobada en la 49 Asamblea General de la OEA realizada el 28 de junio en Medellín, Colombia.
La creación de esta comisión es un mandato establecido en la resolución sobre Nicaragua aprobada en la 49 Asamblea General de la OEA realizada el 28 de junio en Medellín, Colombia.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la creación de una comisión de alto nivel para buscar una solución a la crisis social que vive Nicaragua, a lo que el gobierno del presidente Daniel Ortega expresó, a través de su embajador ante el organismos Luis Alvarado, su contundente rechazo.

“Nicaragua no reconoce ningún Grupo de Trabajo o Comisión que no hemos solicitado. Desconocemos igualmente, cualquier intento de otros Gobiernos, o de esta Organización, de adjudicarse el derecho de usar la fuerza de amenazas injerencistas, y pretender sojuzgarnos, usando y abusando del terrorismo mediático y de la avaricia y el capricho que agrede al mundo”, manifestó la representación de Nicaragua.

El experto en derecho internacional, Ricardo de León, explicó a la Voz de América que, de mantener esta posición, el gobierno de Nicaragua se expone a ser suspendido del organismo regional.

“Por ende, conforme a la carta de la OEA, se puede llegar a tomar la decisión de suspender a Nicaragua del ejercicio del derecho que tenemos como miembros de la OEA, a seguir participando, por lo tanto estaríamos siendo suspendidos”, explicó el analista.

De León aseguró que la comisión podría informar al Consejo Permanente de la OEA que el gobierno de Nicaragua no les ha permitido hacer gestiones diplomáticas ni buenos oficios, y en consecuencia el gobierno seria considerado un estado autoritario.

“La comisión puede en su informe final decirle al Consejo Permanente que llame a una Asamblea General extraordinaria de sesiones, para que escuche la ruptura del orden democrático en Nicaragua y que las gestiones que les fueron encomendadas el día de hoy no han tenido frutos debido a la negativa del gobierno”, explicó.

La creación de esta comisión es un mandato establecido en la resolución sobre Nicaragua aprobada en la 49 Asamblea General de la OEA realizada el 28 de junio en Medellín, Colombia. Mario Arana, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo que la posición del Estado es preocupante.

“Lo que esta tratando de hacer Ortega aparentemente es baypasear (desviar) a la Alianza y la negociación, por trabajar en su terreno con, asumo, los partidos políticos, los actores que ya conocemos y que al ha tenido controlado, y si eso es así, creo que no le vamos a comprar al país estabilidad a largo plazo”, dijo Arana tras enterarse de la posición oficial del gobierno.

Durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, Luis Rosadilla, delegado del organismo para participar como testigo y acompañante en el proceso de negociación en Nicaragua, presentó un informe sobre el diálogo iniciado el 27 de febrero de 2019.

Entre los eventos mencionó la llegada de Cristóbal Fernández, director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA, para abordar el tema de las reformas electorales en las negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición. También se mencionó el asesinato del preso político Eddy Montes Praslin, de 57 años, en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. El informe menciona los impases que ha tenido el diálogo, por estos eventos.

El embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, se ofreció como miembro de esta Comisión. En su intervención dijo que “han sido muy pacientes para que el régimen de Ortega cumpla con la Carta Interamericana y las promesas a la oposición acerca de realizar un diálogo efectivo”.

En tanto los ciudadanos nicaragüenses siguen de cerca las acciones de la OEA para buscar una salida a la crisis que afecta al país desde 2018 y que, según reportan organismos de defensa de los derechos humanos, ha cobrado la vida de al menos 320 personas.

XS
SM
MD
LG