Un juez guatemalteco condenó el miércoles a tres policías a penas entre dos y tres años de prisión por la detención durante cinco días de una periodista que cubría una protesta en 2014.
La comunicadora detenida, Norma Sancir, se encontraba trabajando en medio de movilizaciones en un municipio de Guatemala fronterizo con Honduras convocadas por la creación de una Ley de Desarrollo Rural. Se había identificado con su gafete, que la acreditaba como periodista comunitaria.
Mientras la policía lanzaba bombas lacrimógenas, la periodista que cubría los hechos en Camotán en el departamento de Chiquimula, fue detenida por la policía, acusada de ser parte de la protesta y señalada de los delitos de atentado, desorden público y agresión a la autoridad.
Ahora, tras un proceso judicial que inició hace nueve años, fue suspendido y alargado con diferentes recursos legales de la defensa de los acusados, el excomisario Ceferino Salquil Solval resultó condenado a tres años y nueve meses de cárcel, mientras que las agentes de policía Mirna Marleny Ortiz y Olga Leticia Segura, a dos años y seis meses conmutables.
Los tres agentes, sentenciados por abuso de autoridad, gozan de libertad condicional por lo que seguirán en esa situación, dijo el juez.
Al terminar la audiencia, Sancir dijo a periodistas que se sentía a "muy satisfecha”.
“Es una sentencia que deja precedentes para poder seguir ejerciendo de forma libre la libertad de expresión y de prensa... Y se respete el periodismo en Guatemala y no se siga estigmatizando al periodista comunitario”, dijo la periodista.
Francisco Vivar, abogado de Sancir, dijo que se hizo justicia. “Con esta sentencia hemos logrado un precedente especialmente para el gremio periodístico, ya que han sido víctimas de muchos abusos de la policía", dijo Vivar, que calificó el proceso como desgastante por los años de espera.
El juez dispuso que el 5 de febrero se determinarán las medidas reparadoras que deben seguir los condenados. El abogado Vivar apuntó que se esperan “medidas reparadoras y transformadoras que generen cambios en la política estatal, especialmente en la institución policial”.
En otro caso un juez decidió, tras siete años de acusaciones de la fiscalía, cerrar el proceso contra el periodista comunitario Carlos Ernesto Choc y tres miembros de una gremial de pescadores que defendía su territorio en el municipio de El Estor del departamento de Izabal.
Choc documentó los abusos de los que eran objeto los pobladores por parte de agentes del Estado que brindaban protección para las operaciones de la mina instalada en el lugar.
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