Un informe de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) reveló el lunes que la libertad de prensa en ese país está bajo el acecho judicial y que durante el gobierno del actual presidente Alejandro Giammattei (2020-2022) se han registrado 389 ataques contra la libertad de expresión.
“El actual gobierno continúa promoviendo una política de terror, persecución y criminalización en contra de actores incómodos y voces críticas a su administración, así como a sus aliados políticos”, dijo la organización en un comunicado de prensa.
El gobierno de Giammattei no se ha pronunciado al respecto a pesar de consultas hechas a la Secretaría de Comunicación Social del Presidente, que usualmente elude responder a cuestionamientos.
Sin embargo, tras los señalamientos el gobierno sí se pronunció diciendo que los cuestionamientos eran irresponsables y que reiteraba su respeto a la institucionalidad. “No existe ningún mecanismo de censura, ya que diversas plataformas informativas publican diariamente múltiples notas críticas que muchas veces carecen de veracidad”.
También dijo que respeta la independencia de poderes por lo que no emite comentario sobre procesos judiciales de ninguna naturaleza.
El informe denominado “Terrorismo judicial acecha a la prensa” dice que se pretende silenciar y desacreditar las publicaciones de investigaciones, noticias y críticas en la administración de Giammattei, así como la cooptación del aparato de justicia, la inoperancia de los organismos gubernamentales y el incumplimiento de deberes de autoridades y funcionarios públicos.
El informe amplía que por lo menos dos periodistas y más de 30 operadores de justicia han tenido que abandonar el país debido a denuncias de criminalización por su trabajo anticorrupción.
La asociación mencionó el caso concreto de José Ruben Zamora, presidente de El Periódico, que lleva preso casi cinco meses y que fue enviado a juicio por lavado de dinero por una acusación que ha sido considerada sin fundamento por gremios y asociaciones críticos con la administración actual.
“A la APG, le preocupa que el proceso en contra de Zamora pueda convertirse en la antesala de un recrudecimiento del acoso judicial y la criminalización de comunicadores”, dice la entidad.
El informe también enumeró acciones que atentan contra la libertad de expresión como la intención oficialista de decretar una Ley Contra la Ciberdelincuencias que criminalizaba publicaciones y críticas en plataformas digitales, que al lograr condenas contra medios de comunicación provocarían también el cierre de estos y el comiso de bienes.
“Dado este escenario, la APG considera que en un futuro podrían registrarse más casos de desplazamiento forzado y exilio de periodistas, por la persecución penal en su contra, o nuevos actos de censura judicial para limitar las publicaciones de medios y comunicadores”, dice la APG.
“El Gobierno Central utiliza con frecuencia el discurso estigmatizante como arma para arremeter en contra de periodistas independientes y acosar públicamente a los sectores que señalan la corrupción” revela.
La organización explicó que la fiscalía de Delitos contra periodistas desestimó la gran mayoría de denuncias que se han presentado durante la gestión de Giammattei.
“La Fiscal General (Consuelo Porras) también continúa protegiendo al entonces ministro de Gobernación, Gendri Reyes y al exdirector de la PNC, José Antonio Tzubán Gómez, responsables de ordenar la violencia policial durante esas protestas (en noviembre de 2020 contra el gobierno de Giammattei) en las que se incluyeron ataques en contra de comunicadores, que Porras Argueta se niega a investigar”, dijo la institución.
La APG es la organización que aglutina a periodistas y comunicadores en Guatemala. Creada en 1947, defiende entre otros el derecho a la libre emisión del pensamiento y la defensa del secreto profesional.
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