Miles de personas salieron a las calles en Guatemala para exigir la renuncia de funcionarios judiciales a quienes acusan de corrupción y de tratar de obstaculizar la toma de posesión en enero del presidente electo Bernardo Arévalo, en protestas que ya este lunes entran en su segunda semana.
"Les pedimos comprensión, les pedimos apoyo (...) No podemos soportar más. Guatemala se está haciendo pedazos. Guatemala se está hundiendo (...) No podemos soportar más esta situación", clamaban bien temprano los manifestantes en un cierre de carretera, pidiendo apoyo a los conductores varados.
Desde la semana pasada, los guatemaltecos marcharon y cortaron vías principales de acceso en varias zonas del país para exigir la salida del cargo de la fiscal general, Consuelo Porras, a quienes señalan de utilizar distintas maniobras jurídicas para detener la asunción de Arévalo, conocido por su postura anticorrupción.
Lejos de dimitir, la fiscal Consuelo Porras calificó de "ilegales" las movilizaciones en su contra, en un video divulgado este lunes. Además, pidió a la administración del presidente Alejandro Giammattei que despejara las vías bloqueadas para permitir la libre circulación de las personas.
Las protestas, que iniciaron el lunes pasado con bloqueos en unos 14 puntos del país, se mantienen una semana después con más de 100 accesos cortados, entre ellos varias vías de entrada y salida de la capital, según el reporte más reciente de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.
En X, la red social anteriormente conocida como Twitter, es tendencia la etiqueta #ParoNacionalIndefinido, promovido principalmente por indígenas y campesinos, con la que ciudadanos y activistas documentan las acciones de manifestaciones pacíficas en todo el país.
El fin de semana se registraron incidentes entre personas molestas por los bloqueos y los manifestantes. En algunos casos conductores lanzaron sus vehículos contra los piquetes y fueron detenidos por causar daños materiales y atentar contra la vida de los participantes en las protestas.
Arremetida contra el proceso electoral
Los guatemaltecos, liderados por organizaciones indígenas y campesinas, demuestran su enojo ante lo que consideran una arremetida de la fiscalía contra el proceso electoral, Arévalo y su partido el Movimiento Semilla.
La fiscal Porras también ha cargado contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que refrendó la victoria de Arévalo, y a quienes participaron en el conteo de votos de la primera y segunda vuelta electoral, donde más de 100.000 ciudadanos estuvieron a cargo de recibir, custodiar y contar los votos.
Además de la renuncia de Porras, los guatemaltecos exigen la de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, líderes de la investigación contra el Movimiento Semilla, y la salida del cargo del juez Fredy Orellana, bajo cuyas órdenes se realizaron allanamientos y aprehensiones por el presunto uso de firmas falsas para inscripción del partido político de Arévalo.
La agilización en las investigaciones contra Semilla tuvo lugar tras la certificación por parte del TSE del segundo lugar de Bernardo Arévalo en la primera vuelta electoral, que lo ponía como contrincante de la exprimera dama Sandra Torres en la segunda ronda de balotaje presidencial, en la cual resultó ganador con el 60,91 % de los votos.
La exprimera dama Torres no ha reconocido su derrota, y su partido, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), denunció un supuesto fraude, que la fiscalía investiga, allanando sedes del TSE, acciones que han provocado el rechazo nacional e internacional.
Arévalo por su parte, responsabiliza a Porras por intentar lo que ha calificado de “un golpe de Estado”.
En una visita a Washington, el presidente electo de Guatemala advirtió que legalmente no existe impedimento para su investidura presidencial, aunque los esfuerzos del Ministerio Público por cancelar al Movimiento Semilla persistan, al tiempo que resaltó que muchos guatemaltecos rechazan esas acciones “inauditas”.
En Fotos | Las protestas en Guatemala se intensifican, exigiendo la renuncia de los fiscales
Los fiscales Porras, Curruchiche y Monterroso han sido sancionados por Washington, que les retiró el permiso de entrada a Estados Unidos acusándolos de socavar la democracia en el país. El juez Orellana también está sancionado, señalado por emitir resoluciones judiciales con fines políticos.
Los manifestantes guatemaltecos también denuncian la presunta colusión del gobierno de Giammattei con Porras para obstaculizar el proceso electoral. El presidente saliente reconoce públicamente a la fiscal general como su amiga cercana y la nombró para un segundo periodo de gestión en 2022.
Mientras, el gobierno de Guatemala ha pedido una mediación por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) para resolver la situación del país. El ente multinacional sesionará mañana martes para abordar la "situación preocupante" en el país centroamericano.
[Con información de The Associated Press]
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